Política
La norma establece una serie de medidas orientadas a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar riesgos y amenazas que puedan afectar la seguridad nacional, así como garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas y la continuidad de los servicios esenciales en el país.
El plan contiene las previsiones necesarias para la implementación progresiva de los servicios priorizados vinculados con la seguridad y defensa nacional, además de definir acuerdos, lineamientos e insumos técnicos para su ejecución en los próximos años. De acuerdo con el decreto, se trata de un instrumento que busca articular el trabajo de distintas entidades públicas bajo objetivos comunes relacionados con la protección de los intereses nacionales y la estabilidad del país.
Asimismo, dispone que su aplicación sea obligatoria para todos los componentes del Sistema de Defensa Nacional en los tres niveles de gobierno, es decir, entidades del Gobierno nacional, gobiernos regionales y municipalidades, cada uno dentro del marco de sus competencias y funciones. La finalidad es que las acciones en materia de seguridad y defensa no se desarrollen de manera aislada, sino bajo una coordinación multisectorial.
La norma señala que la ejecución, seguimiento y evaluación del plan estarán a cargo de las entidades involucradas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros encargado de articular las políticas relacionadas con la seguridad y defensa nacional. Todo ello deberá realizarse dentro del marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).
Financiamiento
Además, el decreto precisa que la implementación del plan se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esto significa que cada institución deberá ejecutar las acciones previstas utilizando los recursos ya asignados en sus respectivos presupuestos.
El Plan Estratégico Multisectorial fue elaborado por un grupo de trabajo conformado por el Ministerio de Defensa, con orientación metodológica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), entidad que emitió opinión técnica favorable sobre el documento antes de su aprobación.
Entre los objetivos centrales del plan figura el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de la capacidad de respuesta del Estado frente a amenazas internas y externas.
El documento considera que los riesgos actuales para la seguridad nacional ya no se limitan únicamente a conflictos armados tradicionales, sino que incluyen fenómenos complejos y transnacionales que requieren intervención coordinada de distintas entidades públicas. En ese contexto, la política prioriza amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el terrorismo y los delitos vinculados con el lavado de activos.
Riesgos
El documento también incorpora riesgos asociados a los ciberataques, el espionaje digital y la afectación de infraestructuras críticas, en un escenario marcado por el crecimiento de las amenazas tecnológicas y las denominadas guerras híbridas. Toma en cuenta situaciones que pueden generar inestabilidad social o afectar el normal funcionamiento del Estado, como conflictos sociales violentos, crisis políticas, ataques a servicios esenciales o desastres naturales vinculados con el cambio climático y el Fenómeno El Niño. Estos eventos tienen impacto directo en la seguridad nacional debido a sus efectos sobre la población, la economía y la gobernabilidad.