Opinión
Gestor cultural y cofundador de Ciudad Librera
La Ley del Artista, promulgada en el 2003, parte de un principio claro: el artista es trabajador, no necesariamente titulado; reconoce la existencia de artistas independientes, autónomos, de trayectorias diversas, protege derechos laborales, previsionales, establece mecanismos como el Fondo de Derechos Sociales del Artista.
En cambio, el nuevo proyecto del CPAP introduce un giro de 360 grados; solo podrán colegiarse quienes cuenten con título profesional en arte o educación artística, y allí se abre la grieta porque mientras una norma reconoce al artista por su trayectoria, la otra empieza a reconocerlo por su certificación.
No se trata solo de una diferencia conceptual, sino de un problema concreto porque en la práctica coexistirán dos regímenes que no dialogan del todo, uno que dice “existes” y otro que podría terminar diciendo “no calificas”.Entonces la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve cultural, qué pasa con el músico de calle, con la actriz formada en la experiencia, con el gestor cultural que nunca pisó una facultad, qué ocurre con ese tejido vivo que ha sostenido históricamente la cultura peruana.
Bajo esta propuesta ni César Vallejo calificaría para ser parte de este colegiado.
En esa misma línea, la lógica de derechos también cambia de lugar. La Ley del Artista construyó un sistema orientado a garantizar condiciones mínimas, contratos, remuneraciones, protección, mientras que el CPAP introduce una estructura distinta, donde aparecen funciones de supervisión del ejercicio profesional, control ético, procedimientos disciplinarios, es decir, el eje se desplaza, ya no se trata únicamente de proteger al artista, sino de regular su acceso, y allí emerge una inquietud inevitable: si el arte empieza a necesitar habilitación, entonces deja de ser un campo abierto para convertirse en un espacio filtrado que puede permitir censuras camufladas.
A ello se suma un elemento que parece el corazón de la propuesta: el financiamiento. El colegio se sostendría mediante derechos de colegiatura, cotizaciones, multas y servicios, lo cual, en cualquier otro ámbito profesional, resulta lógico; sin embargo, el arte no es un campo convencional.
Entonces, ¿para ser reconocido hay que pagar? Si para pertenecer hay que sostener una estructura, entonces la colegiatura empieza a parecer menos un espacio de representación y más un circuito de sostenimiento financiero.
El Perú necesita con urgencia políticas culturales sólidas, financiamiento, circulación, acceso, formación, mercados; sin embargo, esta ley no entra en ese terreno, en lugar de intervenir en las condiciones materiales del arte, propone un sistema discriminatorio con membresías y sanciones.