Editorial
“Defender los avances alcanzados y fortalecer la presencia de las instituciones en el territorio será decisivo para reafirmar la autoridad del Estado y hacer prevalecer la ley, la seguridad y la democracia”.
Era evidente que enfrentar este flagelo demandaría una estrategia de largo aliento, así como el compromiso sostenido del Estado y de toda la sociedad. En ese contexto nació la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), cuya trayectoria institucional acaba de cumplir 30 años de trabajo permanente en defensa del país frente a una de las amenazas más complejas de las últimas décadas.
En este tiempo, Devida ha representado el esfuerzo del Estado peruano por enfrentar el problema de las drogas desde una mirada integral. La promoción del desarrollo alternativo, la prevención del consumo, el control de la oferta y el fortalecimiento de la presencia estatal en territorios vulnerables al narcotráfico se han convertido en pilares fundamentales de una política pública que ha trascendido gobiernos y coyunturas políticas.
Se trata de una tarea que ha comprometido también a la cooperación internacional y a miles de familias que encontraron en el desarrollo alternativo una oportunidad para construir un futuro distinto. Hoy, el Perú cuenta con una Política Nacional Contra las Drogas firme y sostenida.
Los resultados muestran avances importantes. Solo en el 2025, Devida benefició a 66,540 familias mediante intervenciones de desarrollo alternativo y registró 70,071 hectáreas con cultivos lícitos, principalmente café, cacao, frutales y sistemas agroforestales. En prevención del consumo de drogas se alcanzó a 249,300 personas mediante acciones de orientación.
A ello se suma otro indicador relevante: el Perú redujo por segundo año consecutivo la superficie de cultivos de coca, pasando de 92,784 hectáreas en el 2024 a 89,755 en el 2025. Son cifras que reflejan avances concretos y evidencian que la estrategia aplicada ha permitido fortalecer alternativas económicas lícitas y recuperar espacios para el Estado.
Sin embargo, durante este tiempo el país ha comprobado también que esta lucha continúa siendo compleja. Aún queda mucho por hacer frente a organizaciones criminales que buscan adaptarse y expandirse hacia nuevas actividades ilícitas.
Hoy, por ejemplo, en regiones como Loreto, el tráfico ilícito de drogas ya no opera como un fenómeno aislado, sino como parte de un entramado criminal vinculado con otras economías ilegales, como la minería y la tala ilegal, compartiendo rutas, maquinaria, insumos y control territorial.
Frente a este escenario, el Perú no puede permitirse retrocesos ni espacios cedidos al crimen organizado. Defender los avances alcanzados y fortalecer la presencia de las instituciones en el territorio será decisivo para reafirmar la autoridad del Estado y hacer prevalecer la ley, la seguridad y la democracia.