Gobierno del presidente Balcázar refuerza seguridad en Tumbes frente a criminalidad
Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia, lo cual permitirá intensificar el control territorial, la inteligencia policial y la presencia articulada del Estado en la región.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 080-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y tendrá una vigencia de 60 días calendario, a partir del 28 de mayo de 2026. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.
La norma establece que las zonas de intervención serán determinadas sobre la base de información de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos técnicos, con el fin de orientar las operaciones hacia los puntos de mayor incidencia delictiva y situaciones de violencia.
El decreto supremo dispone, además, la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, que estará presidido por el jefe de la Región Policial Tumbes e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las municipalidades provinciales de Tumbes y Zarumilla.
Este comando liderará las acciones integradas para restablecer y mantener el orden interno, reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población. Para ello, contará con el apoyo del Comité de Coordinación Distrital, el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización, el Comité de Comunicación Estratégica y las fuerzas integradas conformadas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el serenazgo municipal.
Como parte de las medidas previstas, se ejecutarán patrullajes permanentes y aleatorios, operativos de control de identidad, acciones contra armas ilegales, fiscalización de actividades ilícitas, recuperación de espacios públicos vinculados a la criminalidad y control en zonas críticas, pasos fronterizos no autorizados, infraestructura estratégica e instituciones proveedoras de servicios públicos.
Asimismo, la norma contempla acciones de inteligencia en la línea de frontera, controles penitenciarios y medidas contra el uso ilegal de telecomunicaciones, con el propósito de prevenir delitos como extorsión, sicariato y otras modalidades del crimen organizado que afectan la tranquilidad de las familias tumbesinas.
En tanto, el Gobierno Regional de Tumbes y los gobiernos locales comprendidos en la medida pondrán a disposición la infraestructura, equipamiento y logística disponibles para apoyar las operaciones de las fuerzas integradas. La intervención se realizará de manera articulada, con participación de las entidades competentes y bajo los marcos legales que regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana, recuperar el principio de autoridad y garantizar una respuesta firme, coordinada y sostenida frente a la criminalidad en el norte del país.
