Derecho
El árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS/CAS), Carlos Matheus López, sostiene que la utilización de la inteligencia artificial ya forma parte de la realidad actual del arbitraje. No obstante, advierte que la doctrina arbitral recién comienza a identificar y proponer soluciones frente a los problemas que estas herramientas podrían generar respecto del debido proceso.“Uno de los temas centrales es la confidencialidad. En arbitraje, esto significa que la información generada dentro de las actuaciones arbitrales solo puede ser conocida por las partes, sus abogados y los árbitros. Todos ellos están obligados a preservar esa información dentro del ámbito interno del procedimiento”, explica.Riesgos para la confidencialidadMatheus plantea una interrogante clave: ¿cómo puede afectar la inteligencia artificial el deber de confidencialidad en el arbitraje?Según explica, el riesgo surge cuando un árbitro utiliza una herramienta de IA e incorpora información privada del caso, como contratos, facturas u otros documentos sensibles, sin verificar previamente si esos datos serán utilizados para entrenar el sistema.“Existen algoritmos que emplean la información ingresada por los usuarios para su propio aprendizaje. Si posteriormente otra persona formula una consulta relacionada, existe el riesgo de que el sistema reproduzca o utilice parte de esa información”, advierte.En ese escenario, añade, se produce una vulneración de la confidencialidad, pues información reservada es introducida en una plataforma cuyo funcionamiento no ha sido adecuadamente verificado.“Se está entregando información privada a un algoritmo que, eventualmente, podría reutilizarla. Si no se ha comprobado que el sistema no se alimenta de esos datos, la confidencialidad queda comprometida”, sostiene.Soluciones y buenas prácticasFrente a este panorama, Matheus propone utilizar sistemas de inteligencia artificial cerrados o corporativos, cuyos proveedores garanticen contractualmente que la información cargada no será compartida ni utilizada para entrenar modelos.“En ese caso existe un nivel mayor de seguridad. Sin embargo, las respuestas aún se están construyendo y la tecnología sigue evolucionando”, señala.Otra alternativa consiste en emplear la IA únicamente como herramienta de apoyo, sin introducir información confidencial del caso. Por ejemplo, para realizar búsquedas jurisprudenciales, análisis doctrinarios, comparaciones normativas o investigaciones sobre instituciones jurídicas vinculadas a la controversia.“Puede solicitarse al sistema que analice jurisprudencia, compare normas o desarrolle una investigación dogmática sobre conceptos como convenio arbitral o contrato de factoring, sin necesidad de proporcionar datos específicos del expediente”, explica.A su juicio, la clave está en diferenciar los usos permitidos de aquellos que podrían comprometer la reserva del procedimiento.“Si el árbitro utiliza la IA únicamente como asistente, sin cargar información sensible y manteniendo la anonimización de los involucrados, la confidencialidad permanece intacta y no existe necesidad de informar a las partes”, afirma.Por el contrario, considera que la situación cambia cuando se introducen datos privados en sistemas que podrían utilizarlos para su entrenamiento.“En esos casos, el árbitro debería revelar esta circunstancia para que las partes la conozcan y puedan valorarla, ya que existe una afectación potencial a la confidencialidad”, puntualiza.La necesidad de capacitaciónAnte la creciente incorporación de la IA en el ámbito jurídico, Matheus considera indispensable que abogados, árbitros y operadores del sistema de justicia desarrollen competencias tecnológicas.“No estamos hablando del futuro, sino del presente. La preparación debe comenzar ahora”, enfatiza.El especialista advierte que la falta de conocimiento sobre el funcionamiento y las limitaciones de estas herramientas puede generar errores significativos.“Si no se conocen los riesgos, ocurrirá lo que ya está sucediendo en países como Estados Unidos y el Reino Unido: abogados que utilizan inteligencia artificial sin la preparación adecuada y terminan confiando en respuestas incorrectas o en las denominadas ‘alucinaciones’ de los sistemas”, señala.Recuerda que, en Estados Unidos, tanto las normas federales como las estatales establecen que los abogados son responsables de la veracidad de la información jurídica y fáctica contenida en sus escritos.“Si se presentan datos falsos o referencias inexistentes, pueden imponerse sanciones procesales e incluso iniciarse procedimientos disciplinarios ante los colegios de abogados”, explica.Sanciones por uso indebido de la IAMatheus destaca que ya existen numerosos precedentes en los que abogados fueron sancionados por presentar información generada por inteligencia artificial sin verificar su exactitud.“Solo en mi último libro identifiqué doce casos de este tipo y hoy probablemente existan muchos más”, comenta.Las consecuencias pueden incluir multas de varios miles de dólares e incluso procedimientos disciplinarios que pongan en riesgo el ejercicio profesional.“La raíz del problema es la falta de competencia tecnológica. Quien no comprende los riesgos de la inteligencia artificial corre el peligro de confiar ciegamente en ella”, advierte.Por ello, exhorta a evitar la idea de que los algoritmos razonan de la misma manera que los seres humanos.“Es una especie de ilusión pigmaliónica. Las personas proyectan capacidades humanas sobre una creación tecnológica y terminan atribuyéndole facultades que no posee”, sostiene.A su juicio, comprender esta diferencia resulta fundamental para un uso responsable de la IA en el ámbito jurídico.Impacto en la profesión legalRespecto al efecto de la inteligencia artificial en los estudios jurídicos, Matheus considera que la tecnología transformará especialmente el trabajo de los abogados jóvenes.Tradicionalmente, explica, a los asociados junior se les encargaba revisar extensos expedientes, identificar pruebas relevantes, investigar jurisprudencia y elaborar análisis preliminares. Hoy, muchas de esas tareas pueden ser realizadas por sistemas de IA en una fracción del tiempo.“Su función evolucionará hacia la supervisión y validación del trabajo realizado por la inteligencia artificial. Tendrán que detectar errores, identificar sesgos y evitar una confianza excesiva en los resultados del sistema”, afirma.En cuanto a los abogados con mayor experiencia, considera que la IA no reducirá su relevancia profesional. Por el contrario, sostiene que el criterio jurídico, la capacidad de análisis y la experiencia acumulada seguirán siendo elementos decisivos para la toma de decisiones.Un factor de equilibrio competitivoMatheus también destaca el potencial democratizador de la inteligencia artificial en el mercado legal.Durante décadas, señala, solo los grandes estudios internacionales contaban con los recursos humanos y económicos necesarios para gestionar litigios y arbitrajes de gran complejidad.“Hoy, la inteligencia artificial permite que un estudio boutique tenga acceso a herramientas similares a las de una gran firma. El mismo software que utiliza un bufete internacional puede ser utilizado por un estudio pequeño”, afirma.En su opinión, esta transformación reduce las barreras de entrada y genera un escenario más competitivo dentro de la práctica jurídica.“Los estudios que antes no podían competir en igualdad de condiciones con las grandes firmas ahora cuentan con una herramienta que contribuye a equilibrar el mercado legal”, concluye.