Derecho
La modificación del artículo 1 de la Ley 29944 amplía el ámbito de aplicación de la norma para incluir a los profesores que prestan servicios en entidades administradas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y en universidades públicas. Con ello, estos profesionales accederán al régimen que regula derechos, deberes, evaluación, formación continua, remuneraciones, estímulos e incentivos establecidos para el magisterio nacional.La ley dispone que los docentes nombrados bajo el Decreto Legislativo 276 y la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria sean incorporados de manera excepcional a la Carrera Pública Magisterial, considerando sus años de servicio. De esta forma, quienes registren entre uno y tres años serán ubicados en la Primera Escala Magisterial; de cuatro a diez años, en la Segunda Escala; y con once años o más, en la Tercera Escala.Asimismo, se establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría de los procesos de ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos de los docentes del INPE, en coordinación con los gobiernos regionales. Por su parte, el instituto penitenciario participará en la determinación de plazas y perfiles requeridos.En materia presupuestaria, la implementación de la norma durante el presente ejercicio fiscal será financiada con recursos institucionales del INPE, sin demandar fondos adicionales al Tesoro Público. Además, el Poder Ejecutivo deberá adecuar el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y las normas complementarias correspondientes en un plazo máximo de 120 días calendario.