Política
El plan establece la articulación multisectorial de las intervenciones a cargo de ministerios y organismos públicos, en el marco de sus competencias y funciones, en los distritos comprendidos dentro de los escenarios de riesgo identificados.
De esta manera, se busca que las acciones del Estado se desarrollen de manera coordinada, evitando duplicidades y fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a peligros que pueden generar graves impactos sociales, económicos y ambientales. De acuerdo con la información oficial difundida por la PCM, el Plansis no se limita únicamente a los sismos.
También considera amenazas vinculadas como tsunamis, movimientos en masa –entre ellos deslizamientos y derrumbes– y peligros de origen glaciar, tales como desbordes de lagunas o aluviones.
Estos fenómenos representan riesgos importantes para diversas regiones del país debido a las condiciones geográficas y geológicas del territorio peruano.
El documento parte de un diagnóstico técnico que identifica los territorios con mayores niveles de exposición. De acuerdo con los datos incluidos en la estrategia, existen 668 distritos expuestos a sismos, de los cuales 182 presentan un nivel de riesgo muy alto.
Asimismo, se registran 55 jurisdicciones vulnerables frente a tsunamis y 869 distritos con exposición a movimientos en masa.
Esta información permitirá que las entidades públicas prioricen intervenciones en las zonas con mayores necesidades de prevención y reducción del riesgo.
Implementación
La aprobación del plan se enmarca en lo dispuesto por la Ley N.° 29664, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Esta normativa establece que la gestión del riesgo debe orientarse a identificar peligros, analizar vulnerabilidades, prevenir la generación de nuevos riesgos y fortalecer la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Asimismo, el reglamento del Sinagerd define los planes multisectoriales por tipo de peligro como instrumentos destinados a reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida mediante intervenciones articuladas del Estado.
En cuanto a su implementación, el decreto dispone que los ministerios y organismos públicos involucrados ejecuten las acciones necesarias dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Cada sector será responsable del cumplimiento de las metas físicas y financieras que le correspondan, así como de la programación de actividades vinculadas con el plan. La finalidad es garantizar que las medidas previstas se traduzcan en acciones concretas para fortalecer la resiliencia de la población frente a futuros eventos sísmicos y peligros asociados.
Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar un instrumento de planificación orientado a fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el país, promoviendo una actuación coordinada entre sectores y niveles de gobierno frente a amenazas que podrían afectar a miles de ciudadanos en distintas regiones del territorio nacional.
Supervisión
La supervisión y seguimiento del cumplimiento del Plansis estará a cargo de las instancias competentes de la PCM. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres tendrá funciones de monitoreo, mientras que el Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial informará semestralmente al Consejo de Ministros sobre los avances alcanzados en la ejecución de las acciones previstas. Además, los sectores involucrados deberán remitir la programación correspondiente para facilitar el control y evaluación de resultados.
Respecto al financiamiento, la norma establece que la ejecución de las medidas contempladas en el plan se realizará con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades participantes. En ese sentido, la implementación del Plansis no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, sino que será financiada mediante la disponibilidad presupuestal de los pliegos involucrados.