Derecho
La medida se enmarca en las políticas de modernización de la gestión pública y busca garantizar una administración eficiente de los bancos de datos personales, promoviendo la creación de valor público y una mejor atención a la ciudadanía. Asimismo, responde a las disposiciones de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y al Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.La nueva directiva será de aplicación obligatoria para todas las unidades del Poder Judicial que administren, custodien o traten datos personales a nivel nacional. Su alcance comprende, entre otras dependencias, a la Corte Suprema de Justicia de la República, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la Oficina de Coordinación de Proyectos y la Procuraduría Pública.El proyecto recibió opinión técnica favorable de la Gerencia de Modernización, Planeamiento y Presupuesto, así como opinión legal favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica. La aprobación fue acordada por unanimidad durante la vigésima quinta sesión del Consejo Ejecutivo, realizada el 20 de mayo de 2026.