Gerencia y Liderazgo
Ante este escenario, resulta fundamental que los compradores comprendan que la ley les otorga mecanismos de protección específicos para que puedan conocer y ejercer sus derechos oportunamente, lo que marca la diferencia para asegurar que el sueño de la vivienda propia no se convierta en un conflicto.
Al respecto, el director de la Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI), asociación civil sin fines de lucro creada por el Consejo Directivo de la Infraestructura y la Vivienda (Codip) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Alain Di Natale, destaca que la información y la transparencia constituyen el pilar de una compra segura.
El comprador posee la facultad de exigir copias de la licencia de edificación y planos a la empresa constructora o municipalidad para verificar la viabilidad del proyecto.
Asimismo, la DCI resalta que la Ley N° 29571 (Ley de Protección y Defensa del Consumidor) protege al usuario ante publicidad engañosa o retrasos injustificados, lo que permite reclamar si la oferta no coincide con lo entregado o si se incumplen los plazos sin causa demostrable.
Para garantizar una inversión segura se sugieren las siguientes recomendaciones clave antes de concretar la compra:
Desconfiar de precios anómalos. Resulta fundamental sospechar de los importes cuando estos se encuentran muy por debajo del promedio del mercado actual.
Verificar la titularidad y legalidad. Asegurarse de que el predio pertenece realmente a quien lo está vendiendo mediante la revisión de la partida registral del inmueble y, en proyectos terminados, toda la documentación de la declaratoria de fábrica e independización ante la comuna o la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Exigir documentación técnica completa. Solicitar siempre la resolución de habilitación urbana, los planos aprobados de lotización y la licencia de edificación, instrumentos públicos administrativos que constituyen una garantía para la futura construcción.
Confirmar el respaldo financiero. Pedir a la empresa desarrolladora información sobre una fuente de fondeo real y una estructura crediticia que esté debidamente aprobada por una institución financiera.
Evaluar el estado del proyecto y garantías. Confirmar que la obra cuente con permisos vigentes y recordar que, por ley, las estructuras poseen un respaldo mínimo de 10 años, mientras que los acabados se rigen por la seguridad otorgada por el fabricante.
Monitorear la inversión. En el caso de los aportantes, es vital exigir reportes periódicos de los avances físicos y financieros, así como revisar qué tipo de garantías (hipotecas o fideicomisos) otorga el desarrollador.
Di Natale recalca que en caso de que se necesite presentar un reclamo, la DCI cuenta con un proceso fácil, gratuito y transparente.
Es posible realizarlo, si la empresa constructora está adherida, por medio del formulario virtual disponible en el sitio web de la institución.