Jorge Chávez: firman adenda para eliminar cobro de TUUA a pasajeros en conexión nacional
Medida acordada por el MTC y LAP beneficiará a cerca de un millón de pasajeros al año y contribuirá a promover una mayor conectividad e integración entre las regiones.
La firma se realizó en el marco del primer aniversario de operaciones del nuevo aeropuerto, y favorecerá a quienes requieran trasladarse entre distintas regiones del país, manteniendo la accesibilidad del transporte aéreo nacional.
La Adenda N.º 9 no compromete las inversiones destinadas a los aeropuertos regionales ni las obligaciones financieras del Estado.
Asimismo, incorpora mecanismos de transparencia y control que contemplan la supervisión y auditoría del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), entidad que verificará la cantidad de pasajeros beneficiados y los montos compensados al concesionario.
“Uno de los principales beneficios de la adenda es la eliminación del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia para pasajeros que realizan conexiones domésticas en el AIJC, medida que permitirá reducir costos para miles de usuarios que utilizan el aeropuerto como punto de conexión, incentivando una mayor conectividad aérea y mejorando la experiencia de viaje”, señaló el ministro Aldo Prieto.
La mencionada adenda, que beneficiará directamente a cerca de un millón de pasajeros al año, incorpora disposiciones relevantes como la inclusión de inversiones de terceros calificados en la concesión, mecanismo que permitirá al concesionario suscribir contratos con plazos que trasciendan la vigencia de la concesión y facilitará el desarrollo de infraestructura comercial, hotelera y logística en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
También contempla la reversión de áreas que serán empleadas para la ejecución de las obras del Ramal 4 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, proyecto que fortalecerá la conectividad entre el aeropuerto y la ciudad, beneficiando a millones de usuarios.
Incorpora además una cláusula anticorrupción que reafirma el compromiso del Estado peruano con la transparencia, la integridad y la aplicación de sanciones efectivas frente a cualquier acto irregular que pudiera comprometer la correcta ejecución del contrato de concesión.
