Editorial
En esa perspectiva, el despliegue realizado por los organismos electorales y las distintas entidades del Estado adquiere una especial relevancia. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha informado que culminó el traslado del material electoral hacia el interior del país y que, en el caso de Lima Metropolitana y el Callao, su distribución se realizará este viernes a partir de las 22:00 horas.
A ello se suma la habilitación de 218 centros de votación en el exterior, siete más que los instalados durante la primera vuelta, medida adoptada por la Cancillería para facilitar la participación de miles de connacionales residentes fuera del país. De igual forma, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vienen desplegando efectivos en todo el territorio con el propósito de resguardar los locales de votación y brindar las condiciones de seguridad que demanda la jornada.
Paralelamente, han comenzado a regir las restricciones electorales. La prohibición de difundir encuestas, las limitaciones a actividades de proselitismo y la suspensión de toda forma de propaganda política responden al objetivo de preservar la equidad de la contienda y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio en un clima de respeto a las reglas democráticas.
La observancia de las disposiciones adquiere particular importancia en la actual etapa. Los episodios registrados durante la primera vuelta pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y fiscalización. En ese marco, el despliegue de 28 mil fiscalizadores por parte del Jurado Nacional de Elecciones constituye una medida orientada a resguardar la integridad del proceso.
La organización de elecciones libres y transparentes constituye uno de los deberes esenciales del Estado de derecho. Por ello, cada acción adoptada en estos días previos debe entenderse como parte de un esfuerzo mayor destinado a asegurar que la decisión de los ciudadanos se exprese sin interferencias ni cuestionamientos.
Corresponde, en ese sentido, a las instituciones electorales, las organizaciones políticas, los medios de comunicación y la ciudadanía asumir una responsabilidad compartida. La legitimidad de un sistema político no depende únicamente de la celebración de elecciones, sino también de la capacidad colectiva de respetar sus reglas y reconocer sus resultados. Solo así se reafirma un principio esencial para la estabilidad del país: que el mandato de los ciudadanos constituye el fundamento irrenunciable de toda democracia.