Premier Luis Arroyo expuso en su tercera jornada de trabajo en París.
Modernización del Estado con estándares OCDE logró un ahorro de S/ 409 millones
En Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, el titular de la PCM explicó que la adopción de las recomendaciones del organismo aseguró resultados económicos a favor de los ciudadanos y las empresas.
Así lo dio a conocer el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en su tercera jornada de trabajo en París, durante la sesión “Mejora de los marcos regulatorios para la competencia y la competitividad” de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE. En este foro mundial, el jefe del gabinete destacó el impacto positivo de estas medidas, las cuales se impulsan en el país desde 2016.
“Esto fue posible mediante la eliminación y simplificación de trámites y la prevención de cargas administrativas innecesarias, con impacto directo en la competitividad y productividad del país”, indicó el titular.
En su exposición, el premier Arroyo recordó que la política regulatoria en el Perú constituye una reforma construida a lo largo de una década por las recomendaciones de la OCDE. Producto de ello, el Estado también otorga mayor importancia a la consulta pública, mecanismo que facilitó la recepción de más de 9000 comentarios de más 1600 ciudadanos y actores interesados entre 2023 y 2025, con una aceptación del 37 % de los aportes en los proyectos normativos.
"A esto se suma la estandarización de trámites a nivel nacional, regional y local. Más del 71 % de municipalidades y el 85 % de gobiernos regionales adoptaron esta medida para brindar mayor predictibilidad a los ciudadanos”, remarcó.
Adicionalmente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que en 2025 se implementó el Observatorio Peruano de Mejora Regulatoria, herramienta que permite monitorear avances y fortalecer la transparencia en la producción normativa.
"Para el Perú, la mejora regulatoria tiene un valor estratégico: fortalece la competitividad, genera confianza institucional y mejora las condiciones para atraer inversiones. Una regulación de calidad protege la competencia, estimula la innovación y beneficia a los ciudadanos”, explicó.
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