Opinión
Directora del Centro de Política Familiar
Esta transformación no es solo demográfica. Es económica y social. Su costo, si no se actúa con anticipación, lo absorberá el Estado en el peor momento fiscal. La pregunta no es si el Perú enfrentará esta crisis, sino si estará preparado cuando llegue con toda su fuerza.
Durante años, las políticas familiares se concentraron en combatir la violencia, lo cual fue necesario. Pero limitarse a ese enfoque es insuficiente. La familia es también un espacio estratégico de prevención, contención emocional y cohesión social. Fortalecer vínculos saludables no invisibiliza la violencia. La previene en su origen.
La evidencia científica es clara: los patrones de abandono emocional y agresión se reproducen intergeneracionalmente. Intervenir temprano mediante educación emocional y corresponsabilidad es la estrategia preventiva de mayor retorno para cualquier sistema público.
De acuerdo con la Cepal y ONU Mujeres, América Latina enfrenta una sobrecarga de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres, limitando su participación económica y profundizando desigualdades estructurales. El cuidado no puede continuar siendo un asunto privado. Es una variable de política pública con impacto directo en productividad, sostenibilidad fiscal y democracia.
El Perú necesita construir una arquitectura institucional del cuidado con corresponsabilidad entre Estado, empresas, academia y familias: sistemas de atención, conciliación laboral, salud mental preventiva y entornos de trabajo más humanos. Las organizaciones que comprendan el vínculo entre bienestar familiar y productividad tendrán una ventaja competitiva real.
Existen ya metodologías de gestión estratégica del cuidado aplicables al contexto peruano, desarrolladas desde la intersección del derecho, la política pública y la gestión organizacional. Incorporarlas no es una opción futura. Es una decisión de Estado disponible hoy.
El Perú tiene la demografía, la evidencia y el marco normativo para actuar. Lo que esta generación de líderes debe decidir es si el cuidado será una política pública de primer orden o continuará siendo la deuda silenciosa que ningún presupuesto se ha atrevido a saldar.