Política
La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Estado para atender uno de los principales problemas estructurales del sistema penitenciario peruano. Según lo señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el plan responde al mandato del Tribunal Constitucional, que declaró un “estado de cosas inconstitucional” respecto al hacinamiento carcelario, situación que afecta la adecuada gestión de los establecimientos penitenciarios y dificulta los procesos de reinserción social.
De acuerdo con la norma, la ejecución del plan estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales, entidades que deberán actuar de manera articulada para alcanzar los objetivos establecidos para el periodo 2026-2028.
Asimismo, la Dirección de Política Criminológica del Minjusdh será responsable de monitorear e informar permanentemente sobre la implementación y el cumplimiento de las metas previstas en el documento. Esta labor permitirá evaluar los avances de las acciones adoptadas y efectuar el seguimiento correspondiente durante la vigencia del plan.
Instrumentos técnicos
Como parte de las medidas para garantizar una adecuada ejecución, la resolución dispone que el INPE, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Criminológicos, elabore y presente en un plazo máximo de 15 días hábiles los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte necesarios para el seguimiento y monitoreo de la estrategia nacional.
La normativa también faculta al INPE a promover alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de su capacidad operativa. Estas acciones buscan ampliar la cobertura de los servicios de orientación, asistencia y patrocinio legal gratuito dirigidos a la población penitenciaria, con el propósito de facilitar el acceso a mecanismos legales y administrativos previstos en el marco normativo vigente.
El plan se ajusta a los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y guarda relación con la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario, vigente debido a los desafíos que enfrenta la infraestructura carcelaria y el incremento sostenido de la población privada de libertad.
El Ministerio de Justicia ha señalado que la estrategia busca generar condiciones que permitan una gestión penitenciaria más eficiente, para contribuir así a mejorar la seguridad, el orden interno y las condiciones de permanencia dentro de los establecimientos penitenciarios. Asimismo, se espera que las acciones contempladas favorezcan el cumplimiento de los principios constitucionales y de los estándares de derechos humanos aplicables a las personas privadas de libertad.
La aprobación de este plan representa un nuevo paso en los esfuerzos del Estado para enfrentar una problemática que durante años ha afectado al sistema penitenciario peruano. La implementación de mecanismos de seguimiento, la articulación entre entidades especializadas y el fortalecimiento institucional del INPE constituyen algunos de los principales componentes de esta estrategia.
Internos
Un total de 2,691 internos que cumplen condena por el delito de omisión de prestación de alimentos en establecimientos penitenciarios del país podrían acceder a la conmutación de la pena, siempre que hayan cancelado al menos el 70% de la deuda alimentaria fijada en la sentencia condenatoria, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N.° 010-2026-JUS.
La norma establece, de manera excepcional y temporal, supuestos especiales para que la Comisión de Gracias Presidenciales evalúe y recomiende la concesión de este beneficio a las personas privadas de libertad que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.