Derecho
En el procedimiento iniciado de oficio por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) se determinó que el Minedu vulneró la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley General de Educación (LGE), ya que incluyó en el Reglamento de la ley exigencias para que estos centros presenten una declaración jurada sobre la existencia de estándares de calidad los cuales debían enmarcarse en los lineamientos y el cronograma que debía aprobar la referida entidad pública.Sin embargo, tras más de siete años de la vigencia del citado Reglamento, el Minedu aún no ha aprobado los lineamientos, la norma técnica ni el cronograma de implementación respectivos, lo que le impide conocer las condiciones básicas de calidad que debe exigir.Esta falta de normatividad afecta directamente los trámites de licenciamiento, la apertura de nuevos locales y la entrega de títulos a nombre de la Nación de los CETPRO, debido a que al intentar realizar estos procedimientos no cuentan con la información completa sobre los requisitos ni los resultados que obtendrían. Esta situación vulnera el Principio de Predictibilidad y afecta la libre iniciativa privada y la libertad de empresa de los CETPRO privados, al impedirles conocer con certeza los requisitos aplicables para tramitar sus procedimientos.En ese sentido, el Indecopi ordenó la inaplicación con efectos generales de esta barrera burocrática ilegal, en beneficio de todos los CETPRO privados del país. La decisión no sustituye las competencias normativas del Minedu, sino que reafirma su obligación de emitir la normativa correspondiente, a fin de brindar predictibilidad a los administrados y evitar afectaciones a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa.