Observatorios del Minjusdh y Mininter producirán estudios para reforzar lucha contra el crimen
En la ceremonia los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, y del Interior, José Zapata Morante, suscribieron este convenio Interinstitucional que hará posible que produzcan, en forma conjunta, estudios científicos sobre criminalidad, inseguridad y tendencias delictivas que sirvan de base a las decisiones del Estado en materia de prevención y enfrentamiento del crimen.
El titular del sector Justicia expresó que esta firma “no es solo un acto administrativo, es una declaración política que pone como punto de partida la necesidad de articular desde dos sectores distintos un mismo objetivo. A partir de este momento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Interior pondrán a disposición sus plataformas analíticas para producir reportes de investigación conjuntos e intercambiar herramientas estratégicas”.
"Seguridad y Justicia son dos pilares del Estado que deben caminar permanentemente juntos, así se podrá vencer a la criminalidad y este convenio fortalece este puente. Lo hace con la firmeza de dos instituciones que asumen con responsabilidad política que la lucha contra el crimen es también una lucha por el Estado de derecho", expresó el ministro Jiménez.
El acuerdo establece la construcción de una base de datos compartida con indicadores y registros que permitan un diagnóstico más completo y actualizado de la criminalidad en el país, así como la difusión y capacitación para acercar los diagnósticos criminológicos a las autoridades y fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de Gobierno. La coordinación operativa de este instrumento recaerá en la Dirección General de Información para la Seguridad del Mininter y en la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Minjusdh.
El convenio se suscribe en el año en que el MINJUSDH celebra su bicentenario y en que el INDAGA cumple diez años desde su creación. Fundado en 2016, el INDAGA se ha consolidado como el principal referente técnico del Estado peruano en análisis criminológico multidisciplinario, con funciones que abarcan el monitoreo de la situación penal y penitenciaria, el estudio de tendencias delictivas y la producción de reportes que respaldan la política criminal estatal.
