Editorial
“[...] mientras continúa el procesamiento de los votos, resulta saludable que ambos candidatos que disputaron la segunda vuelta [...] hayan reiterado públicamente su disposición a reconocer los resultados oficiales [...]”.
Todo indica que quien finalmente gane la elección lo hará por un margen estrecho, reflejo de una competencia particularmente reñida y de un electorado que ha distribuido sus preferencias entre dos opciones con respaldos prácticamente similares.
Esta circunstancia plantea desafíos de enorme magnitud para la gobernabilidad. Quien alcance la presidencia contará con la legitimidad que otorga el voto popular, pero también con el deber de gobernar para el conjunto de los peruanos. Por ello, el escenario que surge de este proceso no debe dar lugar a interpretaciones excluyentes. Por el contrario, exige una comprensión cabal del mandato ciudadano y de las obligaciones que este impone.
Una de esas tareas, quizá la más urgente, es una que el país ha postergado en los últimos años: la construcción de consensos básicos en torno a los grandes desafíos nacionales. La inseguridad, el impulso del crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la salud y la educación exigen acuerdos que trasciendan las diferencias partidarias y las coyunturas electorales.
La tarea no será sencilla. El Perú atraviesa un contexto complejo, marcado por una crisis de confianza en las instituciones, expectativas ciudadanas insatisfechas y un entorno internacional incierto. En ese escenario, el Estado, y el sistema político en su conjunto, están llamados a responder con eficacia a las demandas de una población que reclama resultados concretos.
Se suele afirmar que es en los momentos más difíciles en los que se ponen a prueba el esfuerzo y la fortaleza de las naciones. Pero también es en circunstancias como la actual, en las que un pueblo acude a las urnas para decidir libremente su futuro, cuando deben prevalecer valores igualmente esenciales como la unidad, el diálogo y la búsqueda de entendimientos. Ese parece ser el mensaje de fondo que hoy transmiten los ciudadanos y la exigencia que la historia plantea a quienes tendrán en sus manos la conducción del país.
Por lo pronto, mientras continúa el procesamiento de los votos, resulta saludable que ambos candidatos que disputaron la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, hayan reiterado públicamente su disposición a reconocer los resultados oficiales que emitan los organismos electorales. Se trata de una señal positiva de compromiso con las reglas democráticas y de respeto a la voluntad popular. En tiempos de definiciones, gestos como estos contribuyen a fortalecer la institucionalidad y a recordar que, más allá de las legítimas diferencias, deben prevalecer siempre los intereses superiores de la nación.