Editorial
“[...] las cifras de participación recuerdan que la democracia exige un compromiso permanente tanto de las instituciones como de los ciudadanos.”
Los resultados de la segunda vuelta realizada el último domingo dejan, en ese sentido, una reflexión que no debe pasar inadvertida. De acuerdo con información de la ONPE, hasta la tarde de ayer 6,863,734 ciudadanos no acudieron a votar. La cifra representa el 25.118% de los 27,325,432 peruanos convocados a las urnas y es el nivel de ausentismo más elevado registrado en una segunda vuelta desde la pandemia, además de uno de los más altos de los últimos veinte años.
El dato resulta particularmente significativo en un país donde el voto es obligatorio. Si bien el porcentaje es ligeramente inferior al alcanzado en el balotaje de 2021, realizado en medio de la emergencia por el Covid-19, evidencia que una proporción considerable de ciudadanos decidió mantenerse al margen de una elección decisiva para el rumbo nacional. Más aún, la cifra se aproxima a la registrada en la primera vuelta de este año, cuando los ausentes sumaron 7,157,687 electores.
La magnitud del ausentismo no puede ser considerada un dato más dentro del balance electoral. Los ciudadanos que decidieron no acudir a las urnas representan una señal que merece ser analizada con atención. La cifra interpela a la propia ciudadanía y constituye una llamada de atención para quienes optaron por renunciar a una de las formas más directas de participación.
Las razones pueden ser diversas, sin embargo, pocos momentos tienen tanta importancia para una democracia como la elección de las autoridades que conducirán los destinos del país. Es entonces cuando la voluntad popular debe expresarse de manera directa y cuando cada ciudadano tiene la posibilidad de influir en el rumbo de la nación.
Ello no exime de atender desafíos que el propio proceso electoral pone de manifiesto. Corresponderá a las instituciones competentes evaluar aspectos relacionados con la integración territorial, la accesibilidad, las capacidades logísticas, la calidad de la representación democrática y, por supuesto, el fortalecimiento de la confianza ciudadana.
La jornada del último domingo ha permitido que los peruanos definan democráticamente a sus nuevas autoridades. Ese resultado debe ser valorado. Pero las cifras de participación recuerdan que la democracia exige un compromiso permanente tanto de las instituciones como de los ciudadanos. Fortalecer ese vínculo constituye una tarea compartida y una condición indispensable para afrontar, con legitimidad y cohesión, los desafíos del futuro.