Derecho
La propuesta legislativa tiene por objeto promover la inclusión financiera y el ahorro de adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años, mediante el acceso y uso de productos financieros bajo condiciones especiales de protección y con enfoque en educación financiera. Ello con la finalidad de facilitar una adecuada preparación para la vida financiera al alcanzar la mayoría de edad.La iniciativa parte del reconocimiento de la necesidad de adecuar el marco normativo financiero a la realidad transaccional y digital de los adolescentes, concibiendo el acceso al sistema financiero formal como una herramienta de inclusión y educación progresiva, y no como un privilegio exclusivo de la mayoría de edad.En ese sentido, se introduce un anclaje normativo en el ordenamiento civil al invocarse expresamente la figura de la capacidad de ejercicio restringida prevista en el artículo 44 del Código Civil.Dicha precisión permite armonizar el estatuto jurídico del menor con discernimiento dentro del sistema financiero privado y reduce posibles dudas respecto de la validez de los actos jurídicos que realicen en la administración directa de sus fondos, siempre dentro del marco legal correspondiente.Otro aspecto relevante del diseño normativo es la delimitación de condiciones operativas establecida en el artículo 4, que restringe a los adolescentes a mantener una sola cuenta del mismo tipo por entidad financiera.Esta medida busca prevenir el exceso de operaciones y facilitar la trazabilidad de los fondos, evitando que la proliferación de cuentas debilite los mecanismos de control de las entidades del sistema financiero.Asimismo, se otorga un mandato expreso a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para que, en su calidad de ente técnico, establezca políticas específicas, así como límites diarios de transacciones y topes de retiro aplicables a estas cuentas.Cabe precisar que en el país existen aproximadamente un millón y medio de adolescentes entre 16 y 18 años; de ellos, siete de cada diez ahorran de manera informal, mientras que alrededor del 60 % perciben ingresos mensuales cercanos a la remuneración mínima vital.