Editorial
“Los recursos previstos permitirán reforzar intervenciones en salud y educación, al tiempo que contribuirán a dinamizar la actividad económica”.
Lejos de ser una fase de repliegue de la acción pública, la transición democrática exige capacidad de respuesta y responsabilidad fiscal para atender necesidades urgentes, cumplir compromisos y evitar que proyectos estratégicos pierdan impulso. En ese contexto se inscribe el proyecto de ley de crédito suplementario presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República.
La iniciativa propone incorporar más de 4,160 millones de soles al presupuesto público del 2026 con el propósito de financiar intervenciones orientadas al cierre de brechas y garantizar la continuidad de acciones prioritarias del Estado. Se trata de una medida que responde a requerimientos concretos de distintos sectores y que busca dotar de recursos a áreas donde la demanda ciudadana y las obligaciones públicas no admiten postergaciones.
Entre los componentes más relevantes figura el financiamiento para continuar la ejecución de la Nueva Carretera Central, proyecto llamado a transformar la conectividad entre Lima y el centro del país. Del mismo modo, se contemplan recursos para la organización de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, un compromiso internacional cuya adecuada preparación demanda previsión presupuestal.
La propuesta también contempla medidas para fortalecer la educación mediante bonificaciones e incrementos remunerativos para docentes de distintos niveles. A ello se suma la asignación de recursos para Pronabec, con el objetivo de financiar nuevas becas y ampliar las oportunidades de formación para jóvenes.
Asimismo, el proyecto prevé los mecanismos para la implementación de las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios de los trabajadores CAS, además de recursos destinados a la atención de emergencias derivadas de fenómenos naturales.
La propuesta cuenta con sustento técnico y con fuentes de financiamiento identificadas, entre ellas mayores ingresos tributarios recaudados por la Sunat, la emisión de bonos internos y las utilidades del Fonafe. No se trata, por tanto, de una expansión improvisada del gasto, sino de una reasignación de recursos respaldada por criterios de sostenibilidad fiscal.
Corresponde ahora al Congreso evaluar la iniciativa con sentido de oportunidad. Los recursos previstos permitirán reforzar intervenciones en salud y educación, al tiempo que contribuirán a dinamizar la actividad económica. En un escenario en el que el crecimiento y la reducción de brechas siguen siendo objetivos centrales, asegurar el financiamiento de proyectos y servicios prioritarios constituye una medida necesaria para consolidar avances y enfrentar desafíos aún pendientes