Derecho
Al respecto, los magistrados Guillermo Huamán Vargas, Víctor Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez, llegaron a este pueblo alejado con la finalidad de recabar el testimonio de una persona que habría sido detenida durante los hechos, ocurridos en el año 1984.La diligencia se desarrolló como parte del juicio oral que se sigue por el delito de desaparición forzada en agravio del ciudadano Silvestre Quispe de la Cruz, y para recabar información relevante para el esclarecimiento de los hechos materia de acusación.Posteriormente, los jueces se trasladaron hasta un despeñadero ubicado en las coordenadas SL 13° 7’ 50” y WL 74° 5’ 33”, en la jurisdicción del centro poblado de Vargaspampa, lugar señalado durante el proceso como un punto de interés para la investigación. Este acto procesal permitió la verificación directa de las características geográficas de la zona y la contrastación de la información aportada por los órganos de prueba incorporados al juicio.
Adecuada valoraciónEstas actuaciones forman parte de la actividad probatoria desarrollada por el colegiado con el objetivo de garantizar una adecuada valoración de los hechos y contribuir al esclarecimiento de un caso ocurrido durante el periodo de violencia que afectó al país en la década de 80.De acuerdo con la acusación fiscal, Silvestre Quispe fue detenido el 6 de agosto de 1984 por integrantes de la ronda campesina de Acosvinchos, cuando retornaba de realizar actividades comerciales y desde esa fecha nadie sabe de su paradero.La búsqueda emprendida por sus familiares ha sido infructuosa desde aquella vez, averiguaron en dependencias policiales y militares y presentaron denuncias ante las autoridades civiles, pero sin resultados positivos. Los hechos investigados ocurrieron en el contexto del periodo de violencia que afectó a la región de Ayacucho y al país, los cuales han sido calificados por la Fiscalía como delito de desaparición forzada, al tratarse de una privación de la libertad seguida de la negativa a informar sobre el destino de la víctima.En este caso, ha sido acusado por el Ministerio Público el ciudadano Elías Ccollana Canchari, a quien le atribuye su participación en los hechos materia de investigación.El Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional es un órgano jurisdiccional que conforma la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la cual tiene competencia nacional y jurisdiccional para juzgar graves casos de violación de derechos humanos.
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