Prorrogan estado de emergencia en Madre de Dios para luchar contra la criminalidad
Medida rige por 60 días en distritos de Tambopata y Manu para fortalecer las acciones contra la minería y tala ilegal y el tráfico ilícito de drogas.
La medida, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 093-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano, rige a partir del 16 de junio de 2026 en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, de la provincia de Tambopata; así como en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe, de la provincia de Manu.
Durante la prórroga del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos.
La norma precisa que la medida permitirá continuar con las operaciones policiales destinadas a combatir y neutralizar la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, así como acciones vinculadas a la delincuencia común y el crimen organizado que perturban el orden interno.
Asimismo, durante la vigencia de la prórroga se aplicará lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, respecto a la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad y seguridad personales, en las zonas comprendidas por la medida.
El decreto supremo establece también que, para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, deberá solicitarse el permiso correspondiente ante las autoridades competentes. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.
La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectuará conforme al marco legal vigente sobre el uso de la fuerza, así como a los protocolos de actuación conjunta del Estado para la atención de mujeres y personas en condición de vulnerabilidad en contextos de intervención, detención o retención policial.
De acuerdo con la norma, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada informará al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos.