Editorial
“El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad de cerrar una de las brechas históricas más apremiantes del país y garantizar mejores condiciones de vida para todos los peruanos”.
A ello se suma una brecha que también tiene un elevado costo económico. De acuerdo con la Sunass, más de 700,000 habitantes de Lima y Callao que no cuentan con conexión a la red pública pagan hasta seis veces más por acceder al agua que quienes sí disponen del servicio. En promedio, destinan más de 1,400 soles adicionales al año para cubrir una necesidad básica.
Estos datos ponen de manifiesto una realidad que el país no puede seguir postergando. Ninguna estrategia de desarrollo puede considerarse exitosa mientras millones de ciudadanos enfrenten dificultades para acceder a servicios tan esenciales para la vida y la dignidad humanas.
Precisamente para enfrentar este desafío estructural, el Gobierno ha aprobado la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, una decisión de especial trascendencia que establece una visión de largo plazo para orientar inversiones y proyectos destinados a superar una de las mayores deudas pendientes del desarrollo nacional.
La nueva política marca un cambio de enfoque. Durante años, el avance del sector fue medido principalmente por la ejecución de obras y la expansión de la cobertura. La apuesta ahora es poner el énfasis en la calidad y sostenibilidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Se trata de una mirada que coloca a las personas en el centro de la intervención pública.
La estrategia contempla además una mayor articulación entre los distintos niveles de gobierno y las entidades involucradas en el sector, con el propósito de ordenar esfuerzos y orientar las inversiones bajo objetivos comunes.
Las metas reflejan la magnitud de la transformación propuesta. Al 2050, se espera elevar el acceso a agua potable segura del 20.7% al 70.5%, el acceso a saneamiento seguro del 34.7% al 70.2% y el tratamiento seguro de aguas residuales del 47.1% al 76.8%.
Con la aprobación de esta política, el Gobierno da un paso significativo para colocar en el centro de la agenda nacional un desafío que durante demasiado tiempo ha condicionado el bienestar y las oportunidades de millones de personas. Demuestra, además, que incluso en una etapa de transición es posible dotar al país de una visión de largo plazo frente a una problemática cuya solución exige continuidad y compromiso sostenido más allá de los ciclos políticos.
Convertir sus objetivos en resultados concretos demandará el esfuerzo de las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad de cerrar una de las brechas históricas más apremiantes del país y garantizar mejores condiciones de vida para todos los peruanos.