La razón legal detrás de 2,241 obras detenidas en el Perú. Léela aquí
Gestión de controversias y paralización de obras públicas
Marjorit Baquerizo
Asociada del estudio Olaechea
Entre las principales causas que explican esta situación están el incumplimiento contractual (27.6%), la falta de recursos financieros (24.2%) y, de forma particularmente relevante, las discrepancias, controversias o arbitrajes (9.1%), que afectan directamente a 203 proyectos por más de S/ 16,462 millones.
Desde una perspectiva jurídica, este último factor evidencia una falla estructural en la gestión de controversias en la contratación pública. En la práctica, pueden identificarse al menos tres problemas estructurales. En primer lugar, la sobrecarga del Poder Judicial: a mayo de 2026, existen 4,224,760 procesos en ejecución y 1,826,050 en trámite. Este dato resulta particularmente significativo si se considera que el país cuenta con 3,776 jueces (según la Junta Nacional de Justicia), frente a 5,233 árbitros registrados por el MINJUS. Es decir, pese a esta mayor disponibilidad de mecanismos alternativos, una proporción relevante de controversias termina, finalmente, judicializándose.
En segundo lugar, persiste una lógica defensiva en la actuación de los funcionarios públicos, quienes recurren sistemáticamente a impugnaciones para evitar eventuales responsabilidades administrativas o penales, incluso en escenarios donde sería viable una solución temprana.
Finalmente, se advierte una falta de uniformidad en la ejecución de laudos arbitrales, dado que algunos órganos jurisdiccionales aplican indebidamente las causales de contradicción previstas en el artículo 690-D del Código Procesal Civil, una norma supletoria, en lugar de sujetarse al artículo 68 del Decreto Legislativo Nº 1071, que es la norma específica que rige el arbitraje.
Si bien se ha aprobado el Plan Nacional de Infraestructura para el periodo 2026–2031, que prioriza un portafolio de 72 proyectos con una inversión aproximada de S/ 144,117 millones, lo cierto es que, más allá del diseño y la planificación, el verdadero desafío radica en garantizar una ejecución contractual efectiva dentro de un sistema jurídico predecible, coherente y eficiente.
La brecha de infraestructura en el Perú no es únicamente un problema de financiamiento o de planificación, sino, principalmente, un problema de gobernanza jurídica. Mientras no se garantice un sistema coherente de resolución de controversias, la inversión pública seguirá atrapada en circuitos de conflicto que retrasan —o incluso frustran— la ejecución de obras.
La reforma pendiente no es solo la de la infraestructura, sino la del propio sistema de justicia vinculado a la contratación pública. Sin ella, cualquier esfuerzo de cierre de brechas corre el riesgo de quedarse, nuevamente, en el papel.
