Editorial
En ese contexto, el rol del Estado resulta fundamental. Frente a una demanda estructural, la política pública de vivienda ha venido consolidando instrumentos que permiten acercar progresivamente la posibilidad de la casa propia a un mayor número de peruanos, especialmente aquellos con mayores restricciones de acceso al sistema financiero. Se trata de una tarea compleja pero indispensable, en la que el esfuerzo público cumple una función esencial en la promoción de oportunidades.
En esa línea, el Poder Ejecutivo ha dispuesto la actualización del Bono del Buen Pagador y de los rangos de precios de las viviendas elegibles, elevando el subsidio a S/ 27,800 para 2026. Esta decisión reafirma la vigencia de este mecanismo como un componente central del crédito Mivivienda y fortalece su capacidad de brindar un apoyo a las familias que facilita el acceso a la vivienda propia, reduce el esfuerzo de ahorro inicial y alivia la carga del financiamiento para quienes cumplen con sus compromisos financieros.
Este esfuerzo no es aislado. Por el contrario, se inscribe dentro de un conjunto más amplio de intervenciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, orientadas a diversificar las alternativas de acceso a la vivienda. Entre ellas destacan el Bono Familiar Habitacional, dirigido a jóvenes con carga familiar; la implementación del programa de viviendas rurales Wasiymi, para proteger a las familias más vulnerables; así como la participación de los gobiernos locales en el cofinanciamiento del 20% del bono en la modalidad de construcción en sitio propio, entre otras.
En conjunto, estas herramientas expresan una política de vivienda que busca adaptarse a distintas realidades territoriales y sociales con el fin de ampliar el alcance de la intervención pública y priorizar a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una solución habitacional adecuada.
El desafío, sin embargo, trasciende la coyuntura. Se necesita consolidar estos mecanismos y asegurar una oferta de vivienda formal creciente, con estándares adecuados de calidad y seguridad, que permita hacer efectivo el derecho de los peruanos a acceder a una vivienda digna.
En ese sentido, la decisión de actualizar el Bono del Buen Pagador no constituye un ajuste aislado, sino la continuidad de una política de Estado orientada a resultados concretos, que reconoce en la vivienda propia un activo esencial para la estabilidad de los hogares y un factor clave para el desarrollo del país.