Editorial
“[...] la mejor respuesta seguirá siendo un Estado preparado, instituciones coordinadas y una ciudadanía consciente de que la prevención constituye la herramienta más eficaz para proteger vidas [...]”.
En ese contexto, resulta relevante que el Ejecutivo haya reafirmado su compromiso de enfrentar los posibles impactos de este fenómeno climático mediante una estrategia que prioriza la planificación, la coordinación multisectorial y el aseguramiento de los recursos necesarios. La reciente sesión del Consejo de Ministros realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional constituye una muestra de la importancia que el Gobierno asigna a la preparación frente a eventuales escenarios de riesgo.
La gestión moderna del riesgo de desastres exige anticiparse antes que reaccionar. La elaboración de planes de contingencia, la identificación de zonas vulnerables, el fortalecimiento de la infraestructura crítica y la ejecución de obras preventivas son acciones que permiten reducir significativamente las consecuencias de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos. La prevención siempre resulta más eficiente, menos costosa y, sobre todo, más humana que atender una emergencia cuando los daños ya se han producido.
En esa línea, el trabajo articulado entre los diferentes sectores del Estado representa un elemento fundamental. La gestión del riesgo no es una responsabilidad exclusiva de una institución, sino una tarea compartida que involucra a los sectores de infraestructura, economía, salud, educación, vivienda, agricultura, transportes y defensa, entre otros. Solo mediante una coordinación efectiva es posible ofrecer una respuesta rápida y oportuna cuando las circunstancias lo demanden.
Igualmente importante es que el país disponga de respaldo financiero para afrontar eventuales emergencias. Contar con fondos previamente asignados brinda la posibilidad de actuar con mayor rapidez para evitar que los procedimientos administrativos retrasen la atención de la población afectada. La disponibilidad de recursos constituye una condición indispensable para que los planes puedan ejecutarse de manera efectiva cuando sea necesario.
No obstante, la preparación frente al fenómeno El Niño no concluye con la aprobación de planes ni con la asignación de presupuestos. El verdadero desafío consiste en mantener una supervisión permanente sobre el cumplimiento de las acciones previstas, acelerar la ejecución de los proyectos de prevención y fortalecer la cultura de gestión del riesgo en todos los niveles de gobierno.
La naturaleza continuará planteando desafíos imprevisibles. Frente a ello, la mejor respuesta seguirá siendo un Estado preparado, instituciones coordinadas y una ciudadanía consciente de que la prevención constituye la herramienta más eficaz para proteger vidas, preservar el desarrollo y reducir el impacto de los desastres.