Derecho
El reglamento, que forma parte integrante del decreto, está compuesto por ocho capítulos, 62 artículos y un anexo, desarrollando los mecanismos operativos y de supervisión previstos en la ley. Su finalidad es fortalecer la trazabilidad y el control de sustancias que pueden ser desviadas hacia actividades extractivas ilícitas, especialmente aquellas que generan graves impactos ambientales y sociales.Entre las principales disposiciones complementarias destaca la implementación de controles especiales en el departamento de Madre de Dios, identificado como una zona de alta demanda de hidrocarburos que podrían ser empleados en la minería ilegal. Asimismo, se dispone la incorporación automática al Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados de los sujetos obligados que ya cuenten con inscripción vigente.La norma también faculta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a iniciar acciones judiciales penales y civiles contra quienes dañen o destruyan los equipos técnicos y sistemas de videovigilancia destinados al control de bienes fiscalizados.Además, se autoriza a la SUNAT a emitir resoluciones de superintendencia para asegurar la adecuada aplicación del reglamento. Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la lucha contra la minería ilegal y mejorar los mecanismos de fiscalización de insumos estratégicos en el país.