Derecho
Entre los beneficiarios de este régimen se encuentran los pescadores artesanales, armadores y procesadores artesanales, tripulantes de embarcaciones pesqueras y trabajadores que laboran en plantas de procesamiento pesquero.Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben acreditar como mínimo 25 años de labor en la actividad pesquera, haber acumulado 375 semanas contributivas y encontrarse registrados como trabajadores pesqueros ante el Ministerio de la Producción.La medida beneficia a los pescadores que mantienen una relación laboral formal con una empresa y se encuentran registrados en planilla. Además de la jubilación, estos trabajadores cuentan con cobertura de EsSalud y acceso a los sistemas de pensiones administrados por la ONP y las AFP, según corresponda.La formalización laboral permite que los trabajadores pesqueros accedan a diversos beneficios y derechos reconocidos por la legislación laboral. Entre ellos destacan las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones remuneradas, asignación familiar cuando corresponda, participación en utilidades de la empresa, Seguro Vida Ley, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y cobertura de salud a través de EsSalud.Asimismo, tienen derecho a recibir sus remuneraciones de manera oportuna, contar con boletas de pago, realizar aportes previsionales para su futura jubilación y desempeñar sus labores en condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.Los empleadores o armadores pesqueros están obligados a registrar a sus trabajadores en planilla, efectuar los aportes correspondientes, entregar boletas de pago y cumplir con todos los beneficios laborales establecidos por ley. La omisión de la afiliación al Régimen Especial Pesquero constituye una infracción que puede ser fiscalizada y sancionada.En el plano de la fiscalización, durante el periodo 2024 – 2026, la Sunafil cerró un total de 440 órdenes de inspección en este sector productivo, de las cuales 399 fueron motivadas por denuncias laborales virtuales y presenciales; y 41 correspondieron a operativos planificados por la entidad. De estas intervenciones, las regiones con mayor índice de actividad inspectiva fueron Áncash, Piura y Tumbes. Como resultado, se emitieron 100 resoluciones de multa en primera instancia por un monto total de S/ 2,644,786 y 52 en segunda instancia por S/ 2,293,162.