PCM impulsa estrategia para simplificar trámites en gobiernos regionales y municipalidades
Nuevos lineamientos permitirán fortalecer la calidad regulatoria, reducir cargas administrativas y mejorar la atención a la ciudadanía en todo el país.
La estrategia, liderada por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM busca extender los beneficios de la mejora de la calidad regulatoria a ambos niveles de gobierno.
La mejora de la calidad regulatoria constituye un elemento clave para fortalecer la descentralización. En un contexto donde los gobiernos regionales y locales representan el primer punto de contacto entre el Estado, la ciudadanía y las empresas, contar con regulaciones claras y sustentadas en evidencia permitirá reducir cargas administrativas innecesarias, brindar mayor seguridad jurídica y generar mejores condiciones para la inversión y el desarrollo económico de los territorios.
Asimismo, reducirán tiempos y costos para ciudadanos y sector privado; permitirá mayor participación ciudadana en la cocreación de normas y contribuirá a una gestión pública más transparente y orientada a resultados.
Los lineamientos no establecen un modelo único, sino que facilitan que los gobiernos regionales y locales adopten instrumentos para el fortalecimiento de la calidad regulatoria adaptado a su contexto y con un alto beneficio para los ciudadanos.
Su implementación será progresiva y comenzará durante el 2027 con la selección de gobiernos regionales y locales priorizados. Posteriormente, a partir del 2030 se ampliará anualmente el número de municipalidades que aplicarán estos instrumentos, hasta consolidar un proceso de alcance nacional.
OCDE Perú
En los últimos años, el país ha avanzado de manera sostenida en la institucionalización de instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria en el Poder Ejecutivo con el objetivo de tener normas estrictamente necesarias y con la menor carga para la ciudadanía, en concordancia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Estos avances han permitido ordenar procesos normativos, reducir cargas innecesarias y fortalecer una cultura de decisión basada en evidencia.
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