Editorial
Entre las medidas más recientes orientadas a ese objetivo destaca la aprobación de un presupuesto superior a los 196 millones de soles para fortalecer el Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028, instrumento concebido para articular el trabajo de los tres niveles de gobierno y mejorar la capacidad de respuesta frente a estas emergencias.
De acuerdo con el Ejecutivo, dichos recursos permitirán que 25 entidades públicas ejecuten acciones de prevención y mitigación de riesgos. Para este año se han programado 56 intervenciones. Entre ellas figuran la puesta en funcionamiento de la Red Sísmica y Acelerométrica Nacional y del Sistema de Alerta Sísmica del Perú, así como el impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico para incrementar el conocimiento del peligro sísmico.
Asimismo, se han destinado recursos para la formación de brigadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional especializadas en la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas; una capacidad indispensable para atender las consecuencias de un gran movimiento telúrico.
Asegurar el financiamiento de estas acciones constituye un avance en la consolidación de una política de prevención y gestión del riesgo de desastres. En una tarea cuyo propósito es proteger la vida y la integridad de la población, resulta indispensable mantener un compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la mejora de los mecanismos de respuesta.
La tragedia que atraviesa actualmente Venezuela, tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, constituye un doloroso recordatorio de las devastadoras consecuencias de un evento de gran magnitud. Además de las miles de víctimas mortales y de heridos, el colapso de hospitales, vías de comunicación y servicios básicos demuestra que la preparación resulta tan importante como la capacidad de respuesta una vez ocurrida la emergencia.
El Perú no puede ser ajeno a esa realidad. Su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y el prolongado silencio sísmico que caracteriza a la costa central obligan a mantener una actitud permanente de preparación y vigilancia. Si bien la ciencia no puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí permite identificar los riesgos y adoptar medidas para reducir sus impactos.
Incrementar los recursos para la preparación constituye un paso en la dirección correcta. Sin embargo, el desafío demanda mantener este esfuerzo en el tiempo y estrechar la articulación entre el Estado, el sector privado, la academia y la ciudadanía. La prevención no puede entenderse como una responsabilidad exclusiva de las autoridades; debe convertirse en una cultura compartida. Solo así el Perú estará en mejores condiciones de afrontar un eventual gran sismo, protegiendo la vida de su población y reduciendo al máximo sus consecuencias.