¿Cambian los límites de tu distrito? Estas ocho leyes redefinen tramos en varias regiones
Congreso aprueba ocho leyes de saneamiento territorial para precisar límites en diversas regiones del país
Las disposiciones fueron aprobadas mediante las Leyes N.os 32687 al 32694, las cuales abordan procesos de delimitación en los departamentos de Huánuco, Pasco, La Libertad, Arequipa, Puno, Ica, Apurímac y Lambayeque.
La Ley N.° 32687 dispone el saneamiento de tres tramos del límite entre los departamentos de Huánuco y Pasco, contribuyendo a la definición precisa de la frontera territorial entre ambas jurisdicciones.
Por su parte, la Ley N.° 32688 establece el saneamiento de un tramo y de los límites de la provincia de Trujillo y de algunos de sus distritos en el departamento de La Libertad.
En tanto, la Ley N.° 32689 regula el saneamiento de límites y tramos de algunos distritos de la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa.
La Ley N.° 32690 aborda el saneamiento de trifinios, límites y tramos de algunos distritos de la provincia de Chucuito, en el departamento de Puno, precisando puntos de convergencia territorial y segmentos limítrofes de especial relevancia administrativa.
Asimismo, la Ley N.° 32691 dispone el saneamiento de tres tramos correspondientes a algunos distritos de la provincia de Palpa, en el departamento de Ica.
La Ley N.° 32692 establece el saneamiento del límite entre los departamentos de Apurímac y Arequipa, en el tramo comprendido desde el trifinio entre Ayacucho, Apurímac y Arequipa —ubicado en la cumbre del cerro Lunco— hasta el punto de coordenada UTM 763 014 m E y 8 374 620 m N.
De igual forma, la Ley N.° 32693 dispone el saneamiento de un límite y dos tramos de algunos distritos de la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac.
Finalmente, la Ley N.° 32694 regula el saneamiento de límites y tramos de la provincia de Ferreñafe y de algunos de sus distritos en el departamento de Lambayeque.
Las nuevas normas forman parte de la política de ordenamiento y saneamiento territorial impulsada por el Estado, destinada a reducir controversias jurisdiccionales, mejorar la planificación del desarrollo local y regional, y otorgar mayor certeza jurídica respecto de las circunscripciones político-administrativas del país.
