Instituciones expresan preocupación por procedimientos disciplinarios a jueces
Así, a través de una declaración pública en defensa del referido principio, el profesor emérito de Universidad de Friburgo (Alemania), José Hurtado Pozo, dio testimonio de las cualidades personales y profesionales de Prado Saldarriaga.
“Esta declaración no obedece a un impulso circunstancial, sino al deber ético de dar testimonio de su integridad personal, su rigurosa trayectoria en la enseñanza universitaria y su permanente compromiso con los derechos humanos y la correcta administración de justicia”, sostuvo.
Al analizar el procedimiento abierto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Prado Saldarriaga y otros jueces, el jurista instó a recordar que las sanciones basadas en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales suponen una vulneración directa del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.
Por su parte, la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos rechazó, también, los actos de interferencia que, según esta institución, propicia y ejecutan contra la independencia del Poder Judicial, y hacia jueces probos y honestos que imparten justicia.
Mediante un comunicado suscrito por el decano José Félix Palomino Manchego, hizo un llamado a la sociedad peruana a defender la independencia del Poder Judicial como pilar esencial para el desarrollo y consolidación de la democracia en el país.
El pronunciamiento alerta que “de manera reiterada viene desconociendo y amenazando con procesos de investigación y disciplinario, afectando la independencia de jueces que han inaplicado cuestionadas leyes de impunidad como la Ley N.° 32107 que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”.
Añade que este es el caso de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que presidió Prado Saldarriaga, la cual resolvió el Recurso de Nulidad 1684-2022 sobre el caso de esterilizaciones forzadas aplicada a mujeres peruanas durante la década de 1990.
Señala que Prado Saldarriaga y los demás integrantes del mencionado tribunal; Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Báscones Gómez Sánchez inaplicaron la indicada ley ejerciendo sus funciones jurisdiccionales y aplicando la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional del Perú y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pronunciamientos
Esta declaración se suma a los pronunciamientos realizados en esa misma línea por otras instituciones vinculadas al servicio de justicia y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales.
Entre ellos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), el Colegio Abogados de Lima (CAL) y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (Judecap).
También los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Bernard Duhaime (relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición) y Margaret Satterthwaite (relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados).
