Derecho
Periodista
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En este último punto, el abogado Daniel Robles Ibazeta menciona una cifra de impacto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 70% de los trabajadores peruanos se encuentra en la informalidad.
Sin embargo, refiere, un estudio reciente que analizó los 34 planes de gobierno presentados en la última campaña electoral encontró que ninguno planteó una reforma seria orientada a reducir ese índice. “La mayoría se concentró en emprendimiento o generación de empleo en abstracto, sin tocar lo estructural: estabilidad en la contratación, plazos contractuales y fiscalización efectiva”, remarca.
Efecto
Mientras tanto, el letrado recuerda que buena parte de la energía legislativa de los últimos años se gastó en medidas de impacto mediático inmediato, pero de efecto económico marginal, como el aumento de la remuneración mínima, la proliferación de feriados y los retiros extraordinarios de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
En el primer caso, el incremento, anunciado con frecuencia como gran logro social, solo beneficia, en la práctica, a un porcentaje reducido de trabajadores formales –apenas alrededor del 5% percibe exactamente ese piso–, mientras que para el otro 95% de la fuerza laboral formal no cambia nada, y para el 70% informal, sencillamente, no existe, afirma.
El especialista advierte también que la proliferación de feriados y días no laborables, en un país con niveles de productividad por hora trabajada de los más bajos de la región, eleva el costo de operar sin que exista de por medio ninguna mejora de productividad que lo compense.
“Los sucesivos retiros extraordinarios de la CTS, que he comentado en varias entrevistas, y que terminan por desnaturalizar lo que es, por diseño, un fondo de previsión para el desempleo, se han convertido cada par de años en una válvula de escape de corto plazo”, asevera.
El socio fundador de Robles Ibazeta Consultores aclara que ninguna de estas medidas, tomada aisladamente, es necesariamente mala. “El problema es que se aprueban como respuesta a la coyuntura política, no como parte de una estrategia que mida su efecto agregado sobre la formalización y el empleo. Discutimos cómo repartir mejor el pastel formal, sin preguntarnos suficientemente por qué ese pastel sigue siendo tan pequeño”, alerta.
El letrado menciona otro ejemplo en la tercerización. “Existe hoy un proyecto que busca eliminarla casi por completo. La intención, proteger a los trabajadores de esquemas que en algunos casos sirven para encubrir relaciones laborales y evadir beneficios, es comprensible”, anota.
“Pero la forma en que se está planteando genera un riesgo real: si una empresa textil, una clínica o un supermercado tuvieran que asumir directamente, con planilla propia, funciones especializadas como seguridad, limpieza o catering, no necesariamente se traduce en mejores condiciones para esos trabajadores”, expresa.
Muchas veces, revela, el resultado es menos contratación, porque la empresa no sabe gestionar esa función con la misma eficiencia que un especialista en la materia, y termina asumiendo sobrecostos que no puede sostener.
“Esto no significa que la tercerización fraudulenta no deba combatirse; de hecho, ya existen herramientas como el principio de primacía de la realidad para desnaturalizar esos esquemas cuando se usan de mala fe. El problema es legislar de forma amplia y unilateral, sin pasar por instancias de diálogo tripartito entre Estado, empresas y trabajadores, donde estas consecuencias prácticas se discuten antes de aprobarse, no después”, subraya.
Frente al actual panorama laboral, Robles plantea que durante los primeros 100 días del próximo quinquenio se busque escalonar la transición entre regímenes laborales, como ya funciona en el ámbito tributario. “Hoy el salto de microempresa a pequeña empresa –o de esta al régimen general– ocurre de golpe: en el momento en el que se cruza el umbral de ventas anuales, todas las nuevas obligaciones laborales (CTS y gratificaciones completas) caen el mismo día”, indica.
“Esta situación genera un incentivo perverso: muchos empresarios prefieren quedarse deliberadamente por debajo del umbral –no facturar más, no contratar más gente– solo para evitar ese salto abrupto de costos”, señala.
Gradualidad
Para el experto, la solución es replicar lo que ya se hace en materia tributaria con regímenes graduales: una empresa que cruza un umbral debería incorporar las nuevas obligaciones de forma progresiva: por ejemplo, un tercio el primer año, dos tercios el segundo, el 100% recién al tercero, en lugar de exigírselas de golpe. “Así se premia el crecimiento real, en vez de castigarlo”, resalta.
El abogado propone otorgar incentivos tributarios concretos para la contratación y formalización, como los créditos fiscales o deducciones por capacitación, dirigidos especialmente a empresas que están en proceso de transición de la informalidad a la formalidad.
Así también plantea transformar el rol de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y de las entidades regulatorias, de fiscalizador-sancionador a fiscalizador-acompañante. “Sé que existen escalas de multas más bajas para microempresas frente al régimen general, pero eso es insuficiente”, agrega.
“El verdadero problema de fondo no es que el emprendedor informal no quiera cumplir, sino que muchas veces no sabe cómo, no tiene acceso a un contador, un abogado laboral o un asesor tributario, y no tiene la capacidad de absorber esa curva de aprendizaje solo”, puntualiza.
Acompañamiento
Daniel Robles afirma que el Estado y Sunafil, en particular, deberían destinar una parte relevante de su capacidad operativa a tocar la puerta del pequeño empresario no solo para sancionar, sino también para capacitar, orientar y acompañar su crecimiento. Esa cadena, hoy rota, es la que finalmente determinará si ese negocio puede ofrecer empleo de mejor calidad, asevera. Los principales beneficiados de ese cambio de enfoque serían los trabajadores que encontrarían puestos más robustos y menos precarios en negocios que crecieron con acompañamiento, en lugar de quedarse pequeños por miedo a la sanción, refiere. El letrado plantea un estudio de impacto técnico, no político, antes de aprobar la jornada de 40 horas, para que mida sus efectos reales por sector productivo; y fortalecer el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo como instancia obligatoria previa a cualquier reforma laboral estructural.