Editorial
“Cada inversión en infraestructura resiliente, cada sistema de monitoreo, cada obra de mitigación, cada simulacro y cada familia preparada representan una oportunidad para reducir riesgos y preservar vidas”.
La prevención constituye el instrumento más eficaz para reducir los efectos de los desastres. Aunque la ciencia aún no puede determinar cuándo ocurrirá un terremoto de gran magnitud, sí permite conocer con creciente precisión otros escenarios de riesgo, como un probable episodio de El Niño Costero. Esa información técnica debe traducirse en decisiones oportunas, inversiones sostenidas y acciones coordinadas que mejoren la capacidad de respuesta de las instituciones y de la población.
El país ha impulsado diversas iniciativas orientadas a ese objetivo. La implementación del Sistema de Alerta Sísmica del Perú, el afianzamiento de la Red Sísmica y Acelerométrica Nacional, los planes multisectoriales de gestión del riesgo de desastres, el monitoreo permanente que realizan el Senamhi, el Enfen, así como la formación de brigadas y el desarrollo de simulacros nacionales reflejan una política que busca privilegiar la anticipación antes que la reacción frente a las emergencias.
En esa misma línea, resulta positivo que el gobierno que asumirá funciones el 28 de julio haya anunciado entre sus prioridades el fortalecimiento de las acciones de prevención frente a un probable fenómeno de El Niño. La continuidad de estas políticas constituye un elemento indispensable para proteger a la población y reducir los impactos económicos y sociales que pueden generar estos eventos.
Sin embargo, la preparación no depende solo de las autoridades. La participación de la ciudadanía resulta igualmente decisiva. Elaborar un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras, preparar una mochila de emergencia, participar en simulacros y promover construcciones seguras son acciones sencillas que pueden marcar una diferencia fundamental cuando ocurre un evento adverso.
Los gobiernos regionales y locales también desempeñan un papel esencial mediante el ordenamiento territorial, el mantenimiento de la infraestructura, la protección de quebradas y riberas, la identificación de zonas vulnerables y la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo. Prepararse no significa únicamente responder mejor, sino también reducir las condiciones que incrementan la vulnerabilidad de la población.
Consolidar una cultura de prevención supone comprender que proteger la vida comienza mucho antes de que ocurra una emergencia. Cada inversión en infraestructura resiliente, cada sistema de monitoreo, cada obra de mitigación, cada simulacro y cada familia preparada representan una oportunidad para preservar vidas. En un país tan expuesto a los fenómenos naturales, afirmar esa cultura no constituye una opción, sino una responsabilidad permanente del Estado y de toda la sociedad.