Opinión
Presidente del Consejo de Ministros
Ese fue el desafío que asumió el Gobierno cuando el presidente José María Balcázar inició su mandato el 18 de febrero del 2026. El Perú llegaba a ese momento luego de un prolongado periodo de inestabilidad política y confrontación que había debilitado la gobernabilidad y relegado las prioridades nacionales. Mientras la agenda pública permanecía absorbida por la crisis, millones de ciudadanos, especialmente en el Perú profundo y en los sectores históricamente más olvidados, seguían esperando una respuesta efectiva del Estado.
La primera tarea fue recuperar las condiciones para gobernar. Restablecer la estabilidad política e institucional permitió devolver previsibilidad al país y hacer que el Estado volviera a concentrar sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las personas.
Sobre esa base fue posible sostener el dinamismo de la economía. Entre enero y mayo, nuestro país registró un crecimiento de 3,6%, las reservas internacionales bordean los US$ 100,000 millones y el déficit fiscal anualizado alcanzó 1,6% del PBI a mayo. A ello se suma que los principales proyectos de infraestructura continúan en ejecución, mientras que durante el primer semestre la recaudación aumentó 13,1% y la inversión pública creció 7,9% respecto al mismo periodo del 2025.
La estabilidad también hizo posible preservar uno de los pilares de nuestra democracia: la realización de elecciones generales libres y ordenadas. Con ese propósito, el Gobierno transfirió más de 2,200 millones de soles a los entes electorales para organizar los comicios de este año y mantuvo una absoluta neutralidad durante el proceso.
Pero la continuidad del Estado también se expresa en su capacidad para llegar donde más se le necesita. En los últimos tres meses se inauguró un hospital por semana, se fortalecieron los servicios de salud y se promovió campañas de vacunación para proteger a millones de peruanos.
Somos conscientes de que persisten desafíos como la lucha contra la inseguridad, que exige una respuesta firme y sostenida. Asimismo, el fenómeno El Niño representa un reto de gran magnitud por sus posibles impactos en las familias, las comunidades y las actividades productivas, especialmente en las zonas más vulnerables. Por ello, los ministerios y entidades del Ejecutivo han realizado diversas transferencias para este año que superan los 4,200 millones de soles para fortalecer las acciones preventivas y proteger a la población, recursos que están a disposición de las regiones y los municipios.
Hoy, cuando esta etapa de transición se aproxima a su fin, el Perú llega a una nueva transferencia del poder con pleno respeto al orden constitucional. Esta es la mejor demostración de la fortaleza de nuestro sistema institucional: un país que, a pesar de los desafíos que ha enfrentado, ha sido capaz de preservar la continuidad del Estado y encaminarse hacia una nueva etapa bajo las reglas de la democracia.