Derecho
Asimismo, muestran su respaldo a los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, a quienes se les ha iniciado un proceso disciplinario por ejercer el control difuso de constitucionalidad y control de convencionalidad, conforme al artículo 138 de la Constitución Política Peruana.“Esta situación de someter a sanciones a los magistrados del más alto tribunal del Poder Judicial peruano es una muestra clara de interferencia en la administración de justicia, intolerable en un Estado pretendidamente democrático”, señalan.Los jueces y juezas supremos son Víctor Prado Saldarriaga (ahora preside la Sala Penal Permanente), Aracelli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez.Añade que esta situación se produce de manera correlativa a la posición adoptada por el referido órgano jurisdiccional de inaplicar la Ley n.° 32107, que limita la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.“Los que hoy pretenden sancionar a estos magistrados llevan a cabo una valoración del pasado, que es difícil de compartir por un jurista que de verdad cree y asume los principios del Estado democrático que tenga por base la persona y sus derechos”, señala.En tal sentido, los profesores y catedráticos españoles recuerdan dos sentencias claves de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con el Perú (casos Barrios Altos y La Cantuta).CESE DE HOSTILIDADES“Es decir, los jueces ahora cuestionados hicieron lo que los principios básicos del Derecho Penal internacional exigen, no aplicar una ley injusta, una ley que no es Derecho”, subrayan.Además, señalan que Prado Saldarriaga, quien es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Valencia, es un jurista reconocido a nivel internacional que ha demostrado en su larga carrera judicial y docente, un respeto absoluto por las leyes, un conocimiento del más alto nivel de la teoría jurídica del delito y del proceso penal.Por todo ello, los firmantes del pronunciamiento exigen el cese de hostilidades hacia los magistrados antes mencionados en salvaguarda de la separación de poderes y del respeto a los derechos humanos, pilares del Estado democrático de derecho.Los profesores y catedráticos pertenecen a las universidades de Salamanca, Jaume, Jaén, Huelva, Cádiz, Castilla La Mancha, Málaga, Pablo de Olavide, Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid, Valencia, Las Palmas, Deusto, Nacional de Educación a Distancia.Entre los firmantes figuran Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Laura Zúñiga Rodríguez, Ana Isabel Pérez Cépeda, Nieves Sanz Mulas, Eduardo Fabián Caparrós, Juan Luis Gómez Colomer, Miguel Días y García Conlledo, Guillermo Portilla Contreras, Juan Carlos Ferré Olivé, entre otros.