Ahora que culminó las elecciones presidenciales, es momento de que los ciudadanos empecemos a dirigir nuestra atención hacia otra elección que, aunque suele recibir menos atención, tendrá una incidencia directa en nuestra calidad de vida: la elección de nuestras futuras autoridades municipales.
Con demasiada frecuencia, las campañas municipales terminan reducidas a ejercicios de popularidad o a la presentación de obras aisladas. Sin embargo, la verdadera discusión debería ser mucho más ambiciosa. Los ciudadanos no sólo debemos conocer quiénes son los candidatos a las alcaldías, sino también comprender cuál es la visión de ciudad que proponen y de qué manera pretenden enfrentar los múltiples problemas que caracterizan a nuestras provincias y distritos.
Ello exige, además, recuperar el papel fundamental que nuestra legislación nos reconoce. Elegir a nuestras autoridades constituye uno de los pilares de la democracia, pero dicha responsabilidad no concluye con el acto electoral. El voto no representa un cheque en blanco ni una autorización para gobernar de espaldas a la ciudadanía. Elegir y fiscalizar forman parte de una misma responsabilidad cívica.
Y las tareas que esperan a los próximos gobiernos locales son, en muchos casos, verdaderamente titánicas.
Uno de los principales problemas de la gestión municipal en el Perú ha sido la ausencia de una verdadera visión de ciudad. Con frecuencia, las administraciones locales terminan concentrando sus esfuerzos en obras aisladas o en intervenciones de corto plazo que generan impacto inmediato, pero que no necesariamente responden a una estrategia integral de desarrollo urbano. Las ciudades requieren planificación, continuidad y objetivos que trasciendan un periodo de gobierno. Los vecinos debemos exigir que los candidatos expliquen no sólo qué obra pretenden ejecutar, sino también cuál es la ciudad que imaginan para los próximos veinte o treinta años.
Necesitamos recuperar el espacio público y devolverlo a los ciudadanos. Durante años hemos sido testigos de cómo veredas, parques y calles han ido perdiendo progresivamente su condición de espacios de encuentro y convivencia. Resulta indispensable que los vecinos volvamos a apropiarnos de nuestras ciudades y que el peatón recupere el lugar que le corresponde.
Necesitamos también ciudades más humanas. La recuperación y mantenimiento de parques, la creación de nuevos espacios públicos, el incremento de áreas verdes y la mejora de las condiciones de accesibilidad deben formar parte de las prioridades de cualquier gestión municipal seria.
La movilidad constituye otro de los grandes desafíos. Requerimos sistemas de transporte interconectados, mecanismos de pago interoperables y una adecuada articulación entre los distintos modos de desplazamiento. Necesitamos más ciclovías, pero también que estas se encuentren conectadas entre sí y vinculadas con los sistemas de transporte masivo. La movilidad sostenible no puede seguir siendo una aspiración secundaria.
Igualmente urgente resulta enfrentar con decisión el transporte informal, que ha tomado por asalto buena parte de nuestras vías y que no sólo pone en riesgo a sus propios pasajeros, sino también a peatones y conductores. La recuperación del principio de autoridad constituye una condición indispensable para avanzar hacia ciudades más ordenadas y seguras.
Pero gobernar una ciudad implica también atender aquello que muchas veces parece cotidiano y, precisamente por ello, suele pasar desapercibido: el mantenimiento de pistas y veredas, el adecuado parchado de las vías, la señalización, la iluminación y la limpieza pública. Son estas tareas las que terminan influyendo directamente en la percepción y calidad de vida de millones de personas.
Sin embargo, una ciudad no se mide únicamente por la calidad de sus pistas, la cantidad de sus parques o la eficiencia de sus servicios públicos. También se mide por su capacidad para generar espacios de encuentro, integración y convivencia entre sus habitantes. Una ciudad bien gestionada es aquella en la que los niños pueden jugar con seguridad, los adultos mayores pueden desplazarse con autonomía, las personas con discapacidad encuentran condiciones adecuadas de accesibilidad y las familias cuentan con espacios donde desarrollar actividades recreativas, culturales y deportivas. En otras palabras, una ciudad exitosa es aquella que coloca a las personas en el centro de sus decisiones.
Asimismo, debemos comprender que los problemas urbanos no terminan donde concluye una jurisdicción distrital. Las ciudades funcionan como un solo organismo y sus principales desafíos exigen coordinación entre municipios colindantes. La seguridad ciudadana, la movilidad, los espacios públicos y la infraestructura no reconocen fronteras administrativas. Gobernar de manera aislada ya no constituye una alternativa viable.
Las ciudades no se transforman únicamente a través de grandes obras. También cambian cuando quienes las gobiernan comprenden que el espacio público, la movilidad, la seguridad y la convivencia representan asuntos que pertenecen a todos.
Y cambian, sobre todo, cuando los ciudadanos asumimos plenamente nuestro papel, participamos activamente y recordamos siempre que las autoridades municipales son, en esencia, servidores públicos a quienes hemos confiado temporalmente la responsabilidad de administrar la ciudad que todos compartimos.