Derecho
Periodista
cloayza@editoraperu.com.pe
¿Cuánto hemos avanzado en seguridad en materia digital?
–En general, en materia digital sobre todo en lo referente a la seguridad se deben tener en consideración tres aspectos: ciberseguridad, cibercrimen y ciberdefensa. En materia de ciberseguridad, tenemos un decreto de urgencia del 2020 que recién se reglamentó el año pasado para delimitar cómo tiene que funcionar y en la práctica le faltan lineamientos. En el tema de ciberdefensa tenemos una ley que salió del Ejecutivo en el 2019, pero se reglamentó cinco años después.
–¿Y cómo estamos en materia de cibercrimen?
–En cibercrimen tenemos un problema operativo. La primera normativa explícita que se tiene es del 2013. Esta norma crea los delitos de hacking y cracking, fundamentalmente. Esta ley de delitos informáticos entró en vigencia a finales de octubre de 2013, fue modificada cinco meses después y ha ido siendo modificada a la fecha con diversos elementos, pero aun así no es completa.
Cada vez que aparece una tecnología, la modifican. Entonces, con inteligencia artificial, la han modificado y si mañana aparece otra tecnología, la van a modificar.
–¿Por qué crees que pasa eso?
–Considero que no entienden que el entorno digital es una herramienta. Muchos de los delitos que ocurren fuera del entorno digital también ocurren en dicho entorno digital. Una estafa por Internet sigue siendo una estafa. Una afectación a la libertad de expresión o al honor también siguen siendo afectaciones.
–¿Pero la legislación es más específica?
–Los penalistas, sobre todo, requieren el tipo penal explícito que incluya la modalidad de la herramienta. Esto ha generado que haya no solamente la ley de delitos informáticos, sino normativa penal informática. De hecho, hay artículos en el Código Penal sobre cibercrimen que no están en la ley de delitos informáticos.
–¿Es suficiente esta normativa?
–Dado que nuestra legislación es nacional y mucho del cibercrimen que tenemos es transnacional, ha sido necesario firmar acuerdos internacionales. Por ejemplo, en el 2019 se logró firmar el Acuerdo de Budapest, 18 años después de su existencia. El año pasado se firmó el Acuerdo de Hanoi que complementa el Acuerdo de Budapest con los países que no están en dicho acuerdo. Pero no hemos firmado los protocolos adicionales de Budapest que nos sirven para la cooperación internacional.
–A pesar de los pendientes a nivel normativo hay cierto avance, ¿cómo vamos a nivel del sistema de justicia?
–A nivel de investigación este año se celebran 20 años de la creación de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), ahora se ha convertido en la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú (Dirciberd) que cuenta con mayor rango, mayor personal y mayor presupuesto. Aquí se da la primera línea en la investigación, pero muchas veces les falta cooperación internacional.
–¿Y a nivel de fiscalías?
–A nivel de fiscalías, un par de años después de la adhesión al convenio de Budapest en 2019, se crearon las primeras fiscalías especializadas en cibercriminalidad. Estamos hablando casi 20 años después del acuerdo de Budapest y siete años después del Decreto Legislativo 1182. Lo lidera la doctora Aurora Castillo Fuerman y se han dado avances en esta materia pues hay un entrenamiento constante. Pero los casos llegan al Poder Judicial, a los juzgados y ahí se entrampan.
–¿Entonces el problema es en el Poder Judicial?
–El Poder Judicial no tiene un área especializada en cibercriminalidad o en temas digitales. Pero ahí se abren dos escenarios. El primero: si decimos que los ilicitos usando una herramienta digital siguen siendo los delitos comunes, entonces lo que debemos hacer es realizar un alto entrenamiento en nuestros juzgados. Eso sucedió en Brasil. Allí casi no hubo legislación especial, sino que entrenaron a los jueces en los temas digitales. Para eso se requiere de muchos peritos y nuestro Poder Judicial no tiene tantos peritos como se pudiera requerir.
–¿Cuál sería el segundo escenario?
–El otro escenario es que se entienda que hay una diferenciación en los delitos que se cometen en los entornos digitales ya sea por su impacto, por su alcance, por su nivel de internacionalización o similares. Ello justificaría la creación de juzgados especializados, que aún no existe en el Perú.
Compendio de legislación penal informática
Este 31 de julio en la Feria del Libro, Erick Iriarte presentará su Compendio de legislación penal informática de la mano del Fondo Editorial de Editora Perú. Le consultamos cuál cree que es la importancia de este libro.
“Uno de los problemas básicos es la dispersión normativa lo que implica no saber cuál es la norma aplicable directamente. El compendio lo que busca es ordenar la legislación vigente. No inventa, no hace cuestionamientos, pero sí la ordena de manera tal que podemos tener separados ciberdefensa, ciberseguridad y cibercrimen.
Además, las normas están actualizadas. El problema del derecho penal, fundamentalmente, es que varias de sus modificaciones se dan de manera indirecta, es decir vía leyes que modifican otras normas y de manera tangencial modifican la norma penal. Por ello necesitamos tenerlo al día.
Este compendio busca ser una herramienta de trabajo para jueces, para fiscales, para la policía, para los que hacen investigación, para los abogados involucrados en la materia, para los estudiantes que están queriendo dedicarse a este tema penal informático y, fundamentalmente, también para la prensa. Porque les permite, con un lenguaje más adecuado y más apropiado, saber enfrentarse a lo que nos pasa todos los días a todas las personas. Busca ser una herramienta de trabajo antes que un libro de doctrina, un manual de trabajo que esperamos que le sirva a las personas en su día a día laboral.