Economía
Periodista
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–¿Cuál es el balance de su gestión como presidente del directorio?
–Encontramos una empresa que venía de tener varios presidentes y que ya tenía el mandato de una reorganización, el famoso Decreto de Urgencia N.° 010-2025.
Al asumir el cargo, contábamos con declaraciones previas que evidenciaban una potencial situación crítica. La labor del órgano técnico consistió en tomar nota de este escenario, informarse, documentarse y analizarlo.
El directorio que presido, con transparencia, empezó a mostrar no solo los aspectos centrales de la actividad, sino también los temas vinculados con su impacto. En consecuencia, el balance actual es que Petróleos del Perú (Petroperú), según refirió la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), ya superó la urgencia y se encamina a un adecuado ordenamiento para recibir los fondos provenientes del Decreto de Urgencia N.° 003-2026.
–¿A cuánto ascienden estos fondos?
–El decreto de urgencia cuenta con un aval del Estado hasta por 2,000 millones de dólares. Es importante resaltar que, en el primer semestre, la empresa muestra resultados positivos en los márgenes bruto y operativo.
En ciertos periodos, la utilidad de enero y febrero resultó negativa, con base en la información disponible hasta mayo. Esto obedeció a factores como el sobrecosto y el elevado gasto financiero derivados de multas y moras; es relevante destacar que la empresa, a diferencia de las entidades del sector privado, no obtuvo una suspensión normativa por parte del ente regulador.
Por ello, la empresa estatal pagó en los últimos años multas significativas impuestas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debido a diversos incidentes en el oleoducto. Asimismo, mantiene controversias tributarias con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que se originaron en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Ante este escenario, la actual gestión recopila la información pertinente para ejecutar acciones que mitiguen dicho impacto.
–¿Administran pasivos?
–El objetivo de la actual gestión, con el fin de asegurar la continuidad del negocio, consiste en identificar plenamente las contingencias potenciales, así como definir los planes de solución y sus alternativas. Otro elemento clave es que nos encontramos a puertas de recibir los fondos del decreto de urgencia que coordina la institución.
–¿La empresa ya puede acceder a créditos para cumplir sus obligaciones de corto plazo?
–La compañía atraviesa actualmente un proceso de reestructuración y ordenamiento que incentiva el acercamiento de diversos proveedores, tanto financieros como de productos, para evaluar esquemas de trabajo conjunto con la petrolera estatal. Por lo tanto, la viabilidad financiera está en marcha; no se trata de una firma en quiebra, sino de una organización con una severa restricción de liquidez temporal derivada de diversas coyunturas históricas.
Dentro de la viabilidad proyectada, es importante resaltar que no solo se accede nuevamente a líneas de crédito de menor escala, sino que también se obtienen fuentes de financiamiento directo con los proveedores mediante vehículos financieros como los fideicomisos; estos instrumentos permiten la adquisición de materia prima y garantizan la obtención de un óptimo margen de refinación (crack spread).
–¿En cuánto se sitúa la capacidad operativa de la Nueva Refinería Talara?
–El potencial máximo de la planta es de 95,000 barriles por día, y actualmente se sitúa en 50,000. El objetivo es estabilizar la operación cerca de los 90,000 barriles diarios, bajo criterios de eficiencia del crudo disponible. La refinería cuenta con la Unidad Flexicoking, la cual se encuentra en mantenimiento programado; cuando reinicie sus operaciones, entre agosto y setiembre, se incrementará la producción de combustibles.
–¿Evalúan asociarse con algún otro operador relevante del sector para fortalecer su posición?
–El esquema para todas las unidades de negocio consiste en la búsqueda de socios estratégicos que permitan repotenciar las instalaciones de Iquitos, Pucallpa, Conchán y Mollendo, bajo el concepto de bloques patrimoniales.
Para ello, se sostuvo reuniones con delegaciones diplomáticas y corporaciones del Medio Oriente. La empresa abre sus puertas a un socio estratégico que podría provenir de dicha región asiática, de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña o China, país con el que también se programaron sesiones de trabajo.
–¿Cuál es su participación de mercado y qué meta proyectan alcanzar?
–Históricamente, la participación alcanzó un máximo de 48% y el promedio regular se situó en 42%. Actualmente, la cuota de mercado de la empresa oscila entre 18% y 19%, y la meta es alcanzar un rango de entre 25% y 28% en el próximo cuatrimestre, impulsado por la reanudación de la Unidad Flexicoking.
–¿Qué mensaje le daría a la población?
–La actual gestión del directorio prioriza en cada una de sus sesiones la gobernanza, la transparencia y la sostenibilidad. Con este propósito se optimizan los procesos internos, se respalda a la gerencia y se determinan de forma rigurosa las causas de los problemas. Asimismo, se articulan acciones conjuntas con entidades como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Esto busca no solo mantener informado al entorno sectorial, sino también profundizar en el conocimiento sobre la realidad de la empresa, una institución que va más allá del suministro de combustible al contribuir activamente con el desarrollo del país.
Trabajadores
Lizarzaburu destaca el aporte de los trabajadores de la petrolera estatal respecto a las utilidades, que, si bien son contables y no monetarias, se repartirán cuando mejore el escenario financiero a partir de la generación de ingresos propios, objetivo hacia el cual se orientan las acciones emprendidas. Asimismo, el directivo indicó que la planilla de la empresa solo representa el 4% de las ventas de combustibles.
“Pasaron de la exigencia a la propuesta, aspecto que deseo destacar. Los servidores admitieron –y se les ha ratificado– que la participación en las ganancias les corresponde por mandato legal; sin embargo, comprenden que el periodo de desembolso debe asociarse a la solvencia operativa de la institución. Este compromiso resulta digno de mención. Los gremios y el personal asimilaron dicho criterio y respaldan las gestiones mediante un desempeño riguroso, a la expectativa de que se consolide la viabilidad con flujos generados por la propia firma, sin recurrir a los fondos de la norma extraordinaria”, declaró.
“Es necesario reconocer la función que desempeñaron los gremios y el personal, dado que mantuvieron una disposición constante hacia el diálogo directo”, enfatizó.