Derecho
La norma, aprobada por el Congreso de la República, establece medidas orientadas a fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la Sunat, en el marco de sus competencias legales, con el propósito de optimizar la gestión de sus recursos humanos y mejorar la fiscalización, el control y la trazabilidad del transporte y la comercialización de insumos químicos, explosivos, materiales relacionados, equipos y maquinaria que puedan ser utilizados en actividades de minería ilegal.Asimismo, busca contribuir a la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, facilitar el comercio exterior, ampliar la base tributaria e impulsar el crecimiento sostenido de la recaudación fiscal.Entre las principales disposiciones, se establece que la Sunat, en su condición de organismo técnico especializado, y sus trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada. Además, se encuentran comprendidos en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, bajo la rectoría de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), y en el Sistema de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas.En ese marco, la Sunat aprobará, mediante resolución de superintendencia nacional, su política de gestión de recursos humanos, observando, en lo que resulte aplicable, las normas emitidas por los órganos rectores, así como las disposiciones sobre austeridad y sostenibilidad fiscal previstas en las leyes anuales de presupuesto.La ley también dispone que la entidad adecuará progresivamente al régimen laboral de la actividad privada a los trabajadores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 1057 (CAS) que, a la entrada en vigor de la norma, tengan vínculo laboral a plazo indeterminado y acrediten un mínimo de tres años continuos de servicios desde que adquirieron dicha condición.Esta adecuación se realizará conforme se generen plazas vacantes, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la Sunat, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y respetando los principios de mérito, progresividad y eficiencia operativa.