• LUNES 20
  • de julio de 2026

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Trabajadores CAS: la ley dispone implementación gradual del beneficio de gratificación este mes

Impacto de la Ley N.º 32732

En el caso de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS, la norma establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispondrá cada año la implementación del beneficio, lo que permitirá definir la gradualidad en el monto correspondiente.

En ese marco, el MEF viene elaborando el decreto supremo que establecerá los criterios y condiciones para su implementación. Con ello, se garantizará que durante este mes todos los trabajadores CAS accedan al beneficio de gratificación, mediante una aplicación progresiva, ordenada y compatible con la sostenibilidad fiscal.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que la norma responde a las principales prioridades del país y permitirá acelerar la ejecución de inversiones que ya se encuentran en marcha.

"Hemos priorizado las necesidades más urgentes del país con responsabilidad fiscal. Los recursos cuentan con fuentes de financiamiento identificadas y permitirán atender demandas prioritarias sin comprometer la estabilidad económica del Perú", afirmó.

Asimismo, señaló: "Con este crédito suplementario los recursos llegarán a obras y servicios que la población espera y necesita. Estamos asegurando la continuidad de inversiones en transporte, agua y saneamiento, salud, educación, agricultura y protección frente a emergencias, contribuyendo al desarrollo de las regiones y a una mejor calidad de vida para los peruanos".

Seguridad, elecciones y servicios esenciales

El crédito suplementario también contempla recursos para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, asigna S/ 401 millones para financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y S/ 840 millones para asegurar la continuidad de servicios esenciales, principalmente en los sectores salud y educación.

Continuidad de inversiones

Una parte importante de los recursos se destinará a inversiones ejecutadas por el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, priorizando aquellas que cuentan con capacidad de ejecución durante el presente año. Ello permitirá evitar la paralización de obras, acelerar el cierre de brechas de infraestructura y generar empleo en las economías regionales.

Entre las principales intervenciones financiadas destacan:

736 caminos vecinales a cargo de gobiernos locales.
41 carreteras departamentales.
457 proyectos de agua y saneamiento.
187 proyectos de infraestructura educativa.
103 proyectos para establecimientos de salud.
270 proyectos de riego.

Asimismo, la norma autoriza a los gobiernos regionales y locales a incorporar S/ 5 436 millones provenientes del canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Estos recursos estarán orientados principalmente a proyectos de inversión, intervenciones de rehabilitación y reposición, obras de reconstrucción y acciones urgentes de mitigación frente a posibles eventos climáticos.

Finanzas públicas responsables

El crédito suplementario se financia con mayores ingresos fiscales, operaciones oficiales de crédito y recursos provenientes del canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, en concordancia con el Marco Macroeconómico Multianual, las proyecciones macroeconómicas y las reglas fiscales vigentes.

Asimismo, ha sido estructurado sobre la base de fuentes de financiamiento plenamente identificadas. Su aprobación permite atender las principales prioridades nacionales, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas, la trayectoria de consolidación fiscal y el espacio fiscal necesario para que la siguiente administración pueda ejercer plenamente sus competencias y atender las prioridades que determine.

Con esta aprobación, el Gobierno reafirma su compromiso de atender las principales prioridades del país mediante una gestión responsable de los recursos públicos, impulsando la continuidad de inversiones, fortaleciendo la seguridad ciudadana, garantizando la prestación de servicios esenciales y preservando, al mismo tiempo, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.