Editorial
“La verdadera fortaleza de un Estado no se mide únicamente por la calidad de los servicios que presta en las grandes ciudades, sino también por su capacidad para llegar hasta los lugares más apartados del país”.
Reducir estas brechas constituye una obligación permanente del Estado. No se trata únicamente de ampliar la cobertura de los servicios públicos, sino de asegurar que todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde vivan, puedan ejercer plenamente sus derechos y acceder a las mismas oportunidades de desarrollo.
En ese contexto, las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) representan una de las experiencias más valiosas de articulación interinstitucional desarrolladas en los últimos años. Su importancia radica en que permiten llevar hasta las comunidades más alejadas un conjunto de servicios que, de otra manera, resultarían de difícil acceso para miles de familias.
Cada campaña reúne a diversas entidades públicas en una sola intervención. Atención médica especializada, vacunación, entrega de medicamentos, afiliación al Seguro Integral de Salud, emisión del documento nacional de identidad, orientación legal, programas sociales y acciones de prevención frente a desastres son algunos de los servicios que llegan de manera simultánea a poblaciones donde, muchas veces, trasladarse hasta una capital provincial implica recorrer largas distancias durante varias horas o incluso días.
Las recientes intervenciones desarrolladas en comunidades amazónicas y altoandinas, así como la llegada de la primera PIAS terrestre a la zona de frontera con Chile, reflejan el esfuerzo por ampliar progresivamente la cobertura de esta estrategia y acercar el Estado a quienes históricamente permanecieron alejados de sus servicios.
Sin embargo, el reto no concluye con estas campañas. Es indispensable consolidarlas como una política pública permanente, fortalecer su financiamiento, ampliar su cobertura territorial e incorporar nuevas herramientas tecnológicas que permitan brindar una atención cada vez más eficiente y oportuna. Asimismo, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno seguirá siendo un factor decisivo para responder adecuadamente a las necesidades de cada comunidad.
La verdadera fortaleza de un Estado no se mide únicamente por la calidad de los servicios que presta en las grandes ciudades, sino también por su capacidad para llegar hasta los lugares más apartados del país. Cada consulta médica, cada vacuna aplicada, cada documento de identidad entregado y cada orientación brindada mediante las PIAS representan mucho más que un servicio público: constituyen una expresión concreta de inclusión, equidad y presencia estatal. Afianzar esta estrategia significa avanzar hacia un Perú más integrado, donde la distancia geográfica deje de ser un obstáculo para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el acceso a oportunidades de desarrollo.