• VIERNES 24
  • de julio de 2026

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Abogados y ciudadanos tendrán un solo portal para consultar precedentes vinculantes del Estado

Alcances de la Ley N° 32716.

Editor
Jonathan Lahura

Asociado sénior del estudio Rodríguez Abogados & Asociados

Esta iniciativa surge como una respuesta directa a una problemática de larga data que afecta a abogados, magistrados y con especial énfasis a ciudadanos debido a la enorme dispersión y desactualización de los criterios vinculantes emitidos por diversas instancias del Estado. 

Hasta hoy, analizar la jurisprudencia obligatoria implicaba navegar de forma ineficiente por múltiples plataformas institucionales independientes. 

En ese sentido, el nuevo registro, que será de acceso público, gratuito y digital, estará centralizado bajo la administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Su alcance será integral, pues consolidará en un solo espacio precedentes vinculantes constitucionales, judiciales y administrativos. 

De esta manera se incluyen de forma obligatoria a entidades clave como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y diversos tribunales administrativos tales como el Tribunal de Contrataciones del Estado (OSCE), salas del Indecopi, el Tribunal de Transparencia, por mencionar algunos ejemplos. A saber, la normativa establece un marco estricto para asegurar la inmediatez de la información y que esta siempre esté actualizada, para lo cual exige a las instituciones remitir sus nuevos pronunciamientos en un plazo máximo de dos días hábiles tras su emisión. 

Asimismo, para iniciar todo este procedimiento de recopilación de información la norma otorga un período de 90 días calendario a los órganos involucrados para regularizar y cargar la relación de precedentes anteriores, mientras que el Minjusdh dispone de 120 días para la reglamentación integral de la ley. Es importante destacar que la centralización de la información no vulnera de ninguna manera la independencia institucional, ya que cada órgano mantendrá la autonomía sobre sus propias normas y procedimientos para la aprobación de precedentes.

Finalmente, es oportuno destacar que contar con un repositorio unificado representa una ventaja invaluable para el país de cara a fortalecer la seguridad jurídica y democratizar el acceso a la justicia. Por lo tanto, el verdadero desafío de la Ley N.° 32716 radicará en la eficacia de su ejecución técnica, por lo que será imperativo que la autoridad a cargo garantice que la plataforma a implementar cuente con un sistema de búsqueda avanzado y eficiente, y que los flujos de actualización sean rigurosos. 
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