Política
Señaló que el periodo de transición, liderado por el presidente de la república, José María Balcázar, estuvo caracterizado por la responsabilidad y la transparencia, y destacó que “ejercer una responsabilidad pública supone no solo tomar decisiones en representación de los ciudadanos, sino también explicar, con honestidad y transparencia, las razones que las sustentaron, los resultados obtenidos y los desafíos pendientes”.
Dijo que la actual gestión enfocó sus esfuerzos en recuperar la estabilidad política e institucional necesaria para que el país llegara al término del mandato constitucional, garantizando el pleno respeto a la voluntad ciudadana. El balance de gestión no solo presenta cifras y logros del Gobierno, sino que también entrega a la administración gubernamental un legado de mecanismos permanentes para que el Estado no se detenga, enfocada en una serie de prioridades como seguridad ciudadana, crecimiento económico, inversiones, desarrollo tecnológico, entre otros.
Coordinaciones
Como legado en materia de seguridad ciudadana se institucionalizó un esquema de coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, que permitirá enfrentar el crimen organizado con estrategias basadas en evidencia y monitoreo constante.
En el ámbito económico, el actual Gobierno entrega a la siguiente administración el primer mecanismo permanente institucionalizado de coordinación de políticas económicas con enfoque territorial, así como una Hoja de Ruta con 76 proyectos estratégicos, bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), con una inversión superior a los 80,000 millones de dólares.
En ese contexto, se deja una cartera de inversiones ordenada tras el sinceramiento de aproximadamente 120,000 proyectos.
Prioridades estratégicas
El balance plantea también una serie de prioridades estratégicas en las que debería enfocarse el gobierno de Keiko Fujimori, entre las que figuran la seguridad ciudadana como política de Estado para consolidarla como una tarea transversal que articule a la Policía, Fuerzas Armadas, Poder Judicial y gobiernos regionales, integrando acciones de control con políticas de prevención y desarrollo social.
Asimismo, propone que se mantengan espacios de coordinación intersectorial para reducir trabas burocráticas y evitar la fragmentación institucional que paraliza proyectos estratégicos reafirmando la gobernanza para las inversiones. Otro punto primordial está enfocado en la modernización y transformación digital, a fin de avanzar hacia un modelo de servicios públicos integrados y trazables, promoviendo el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia del Estado.