Central
Nombrar jueces, coordinar con la Iglesia y redactar las primeras normas del naciente Estado fueron sus tareas iniciales; los primeros pasos de una entidad que empezaba a sostener el futuro de la nación.
A lo largo de dos siglos, el ministerio cambió de nombre, de estructura y de contexto. Atravesó reformas, transformaciones profundas y hasta una desactivación en 1968, pero jamás perdió su esencia: ser guardián del orden jurídico y espacio donde la legalidad toma forma.
En 1980 volvió con mayor fuerza, consolidándose como el centro del sector Justicia, y en el año 2011 incorporó una dimensión que marcaría su identidad hasta hoy: la defensa de los derechos humanos. Así nació el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conocemos, con la misión de acercar la justicia a todos los peruanos, especialmente a quienes más la necesitan.
Hoy, el Minjusdh formula políticas legales, administra el sistema penitenciario a través del Inpe y el Sistema Nacional de Reinserción Social mediante el Pronacej, fortalece la seguridad jurídica mediante los registros públicos de la Sunarp, defiende los intereses del Estado mediante la Procuraduría General del Estado y, por medio de Pronabi, gestiona los bienes incautados por el Estado.
Mediante la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, se brinda asesoría y patrocinio legal gratuito a los ciudadanos para garantizar su acceso a la justicia y el derecho de defensa.
Asimismo, el ministerio coadyuvó a esclarecer el destino de 170 personas desaparecidas durante el periodo de violencia y brindó acompañamiento psicosocial a más de 800 familiares. También se llevó a cabo la inscripción de víctimas en el Registro Único, campañas de registro en zonas afectadas y reparaciones económicas que alcanzaron a más de mil personas, consolidando el acceso a derechos y beneficios estatales.
En el terreno normativo, el sector aprobó el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya actualización reúne y sistematiza en un solo documento todas las modificaciones realizadas a la norma en los últimos años, facilitando su conocimiento tanto para las entidades públicas como para la ciudadanía.
También, el ministerio promulgó la Estrategia para la Prevención Social del Riesgo Criminógeno 2026-2029, que plantea respuestas estatales diferenciadas e integrales para superar el enfoque exclusivamente reactivo y punitivo. Entre sus acciones destaca la iniciativa “Ponte pilas. Dale play a tu futuro”, dirigida a jóvenes y adolescentes.
Igualmente, se oficializó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 con el objetivo de revertir la situación de sobrepoblación en los penales del país y con la ejecución de acciones concretas.
A ello se suma la reciente oficialización de “Justicia móvil-Servicios sin barreras”, iniciativa que articula la defensa pública con los servicios registrales y notariales de Sunarp, con el fin de promover el desarrollo personal y el entorno familiar del interno.
Doscientos años después, el Minjusdh reafirma que su verdadera obra se mide en cada vida que la justicia logra alcanzar.
Defensa Pública a tu servicio
La Defensa Pública es el servicio de asistencia legal y patrocinio gratuito del Minjusdh. Durante el quinquenio 2021-2026, brindó más de 10 millones de atenciones, contribuyendo a un ahorro superior a los S/ 1,500 millones en gastos legales para la ciudadanía. Su atención a personas en situación de vulnerabilidad se fortalece con un enfoque intercultural que incorpora las lenguas originarias quechua, shipibo-konibo, asháninka y aimara.
El servicio se brinda en 412 sedes distribuidas en 34 Direcciones Distritales a nivel nacional. Entre ellos se encuentran los centros de asistencia legal gratuita Alegra y Mega Alegra que potencian la cobertura, así como la Línea 1884.