Opinión
Abogado. Docente de la Escuela de Gobierno de la PUCP
La evidencia acumulada durante los últimos años demuestra que este no es un problema excepcional, sino un desafío estructural para la gestión pública peruana. Según Servir (2022), entre el 7% y el 10% de las designaciones del Gobierno nacional presentaban observaciones vinculadas al cumplimiento de los requisitos de idoneidad; en los gobiernos regionales y locales, la Contraloría estimó porcentajes cercanos al 35%. Ese contexto, junto con diversos casos de designaciones cuestionadas, impulsó la aprobación de la Ley N.° 31419, conocida como Ley de Idoneidad.
Con frecuencia, esta ley se reduce a una norma que establece requisitos de acceso. Esa lectura es incompleta. Su verdadero propósito es fortalecer la confianza ciudadana en las designaciones públicas. La ciudadanía no deposita su confianza en un currículo, sino en la capacidad del Estado para verificar la autenticidad de la información con la que se sustenta.
El próximo gobierno tiene la oportunidad de dar un paso adicional. La experiencia desde la entrada en vigor de la Ley N.° 31419 demuestra que los requisitos son apenas un primer nivel de protección. El desafío pendiente consiste en consolidar un sistema permanente de verificación, control posterior, interoperabilidad y determinación de responsabilidades que garantice que las designaciones públicas descansen sobre información auténtica y verificable.
Ese es el verdadero desafío. La integridad se exige a las personas; la garantía de la idoneidad se construye desde las instituciones. La primera pertenece al plano ético del servidor público. La segunda depende de la capacidad del Estado para seleccionar, verificar, supervisar, corregir y, cuando corresponda, exigir responsabilidades. Un Estado idóneo no solo exige requisitos; verifica la autenticidad de la información y actúa cuando esta es cuestionada.
Por ello, la discusión pública no debería agotarse en determinar si un funcionario presentó o no un documento cuestionado. Esa tarea corresponde a las autoridades competentes, con pleno respeto del debido proceso. Lo importante es construir instituciones capaces de prevenir, detectar y corregir estas situaciones. Porque la fortaleza del Estado no se mide por la ausencia de errores, sino por su capacidad para detectarlos, corregirlos y exigir responsabilidades.