Raúl Chanamé: “La bicameralidad debe generar mejores leyes y recuperar la confianza ciudadana”
Seguridad, educación y descentralización marcan la agenda nacional.
María Avalos Cisneros
Periodista
mavalos@editoraperu.com.pe
Desde mañana, 28 de julio, comienzan sus funciones un Parlamento bicameral y un nuevo Poder Ejecutivo. ¿Cómo deberían coordinarse institucionalmente el Senado, la Cámara de Diputados, el Ejecutivo y el Poder Judicial para fortalecer la gobernabilidad sin afectar la autonomía de los poderes?
–Para aportar y fortalecer la gobernabilidad del país, el Ejecutivo y el Parlamento deben establecer una agenda consensuada de normas que permita impulsar las políticas públicas más importantes. Necesitamos normas para enfrentar la criminalidad, atender el inminente fenómeno El Niño y asegurar que el presupuesto se ejecute de manera eficiente, evitando el gasto dispendioso que hemos visto en los últimos años. En ese sentido, es indispensable un pacto mínimo entre el Ejecutivo y el Parlamento para aprobar las normas que el país necesita.
–Con el retorno de la bicameralidad después de 34 años, ¿qué cambios concretos deberían percibir los ciudadanos en la calidad de las leyes y en el control político respecto del anterior Congreso unicameral?
–La bicameralidad requiere reglamentos, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores, que sean funcionales y operativos. Además, ambas cámaras deben trabajar de manera coordinada. Es necesario construir una agenda parlamentaria consensuada que facilite una tramitación rápida entre ambas cámaras y permita formular las observaciones de manera oportuna.
–Todo cambio institucional también implica riesgos. ¿Cuáles identifica en el nuevo modelo bicameral y qué reglas de funcionamiento propone para evitarlos?
–Uno de los principales problemas del actual sistema unicameral ha sido el transfuguismo legalizado. Esa práctica debe terminar. Hoy existen seis grupos parlamentarios, y no debería crearse ninguno más. Mantener ese número daría estabilidad a ambas cámaras y facilitaría la cooperación entre el Senado y la Cámara de Diputados. Si en el Senado hay seis grupos parlamentarios y en la Cámara de Diputados también existen seis, ese equilibrio no debería romperse. Ese sería un avance importante respecto del actual Congreso.
–La antigua bicameralidad dejó lecciones. ¿Cuáles no deben repetirse?
–La duplicidad de funciones y las llamadas cámaras espejo, cuando un diputado quiere hacer lo mismo que un senador o viceversa. Eso genera mayores gastos, burocracia y lentitud. Esa situación debe superarse mediante un reglamento que establezca competencias propias para cada cámara y permita que cada una cumpla el rol que le corresponde. La Cámara de Diputados debe asumir la iniciativa legislativa y la Cámara de Senadores ejercer el control constitucional y legal sobre la Cámara de Diputados.
–En este nuevo esquema institucional, el Senado ha sido concebido como una cámara de segunda reflexión. ¿Qué papel debería desempeñar frente a decisiones trascendentales para el Estado, como las reformas constitucionales?
–El Senado, como una cámara nueva, tiene la responsabilidad de ganar legitimidad mediante acuerdos sensatos y pronunciamientos oportunos. Debe convertirse en el gran espacio de discusión pública de los temas estratégicos del país. No puede distraerse en asuntos domésticos o secundarios. Una de las críticas a la unicameralidad ha sido que, junto a una buena ley, se aprobaban cuatro o cinco normas intrascendentes que terminaban debilitando el proceso legislativo.
–Después de una década marcada por la confrontación política, ¿dónde deberían concentrarse las reformas constitucionales y legales para reducir los conflictos entre los poderes del Estado y evitar nuevas crisis de gobernabilidad?
–El Congreso tiene como función ejercer el control y la fiscalización. Ese es su rol histórico, además de legislar. Pero ese control debe ejercerse con razonabilidad, ponderación y oportunidad, sin buscar falsos protagonismos que terminan desdibujando el papel del Parlamento. El Congreso debe legislar, representar, controlar y fiscalizar, pero hacerlo a través de sus comisiones de manera oportuna y sensata.
–Mirando más allá de las reformas institucionales, si tuviera que definir una agenda para los próximos cinco años, ¿cuáles serían las tres prioridades?
–Si tuviera que plantear tres grandes pactos para el país, propondría los siguientes. El primero sería un pacto por la seguridad. Hoy, según el INEI, se registran tres homicidios al día. Esa cifra debería reducirse a la mitad en los próximos cien días para empezar a revertir el problema de la criminalidad. El segundo sería un gran pacto por la educación. La inteligencia artificial obliga a actualizar el sistema educativo, especialmente la formación de los docentes. Los profesores enseñarán a estudiantes que dominan las nuevas tecnologías, pero que muchas veces no saben evaluar la calidad de la información que reciben. Por ello, la reforma educativa no debe centrarse solo en infraestructura, sino también en pedagogía y en preparar a los estudiantes para los nuevos sistemas de producción vinculados con la inteligencia artificial e internet. Y el tercer pacto debe orientarse a la descentralización. El modelo planteado desde la década de 1980 ha significado un gran revés para las políticas públicas. A pesar de los importantes recursos económicos de los últimos 25 años, buena parte de ellos se ha desperdiciado.
–La descentralización adquiere especial relevancia ante las próximas elecciones regionales y municipales ...
–Así es, necesitamos una descentralización eficaz, más aún cuando se aproxima un nuevo proceso de renovación de autoridades regionales y locales. Los gobiernos subnacionales deben contar con planes de desarrollo, metas claras, indicadores y estrategias para reducir la pobreza. Se ha demostrado que muchas regiones, pese a disponer de recursos, no han sido eficientes en su ejecución, y, en algunos casos, tampoco han actuado con la probidad necesaria para administrar los recursos públicos.
Lucha contra el crimen
El jurista Raúl Chanamé sostuvo que uno de los principales retos del próximo quinquenio será enfrentar la inseguridad ciudadana y afirmó que, durante los primeros 100 días, el nuevo Congreso debe aprobar reformas que fortalezcan la lucha contra la criminalidad sin afectar las garantías constitucionales. Propuso además dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas legales para combatir la extorsión, la minería ilegal y la ciberdelincuencia mediante normas penales excepcionales y reformas procesales que eviten la impunidad. Asimismo, consideró urgente modernizar el sistema penitenciario, al advertir que varios penales operan como centros desde donde se organizan extorsiones y otros delitos. Asimismo, recomendó fortalecer la inteligencia policial, mejorar la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, entre otras acciones, y recalcó que el Estado de derecho debe equilibrar el debido proceso con el derecho ciudadano a vivir en paz.
Código electoral
El constitucionalista precisa que, tras la incorporación del Perú al APEC y los beneficios obtenidos con los tratados de libre comercio, el siguiente desafío nacional es sentar las bases económicas y productivas que permitan el ingreso del país a la OCDE, consolidando un desarrollo estructural y sostenible.
Chanamé plantea también que el país debe llegar a 2031 con un código electoral único que garantice procesos transparentes e imparciales.
“El Perú enfrenta urgencias inmediatas, como los riesgos de una corriente de El Niño anómala, entre otros. Esa debe ser la prioridad del próximo año”, dijo.
