Derecho
Periodista
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En un análisis del discurso, el abogado Carlos Caro Coria recuerda que la delegación legislativa en materia penal es constitucionalmente válida (artículo 104 de la ley fundamental) y todos los gobiernos recientes la han utilizado. “La cuestión no es la herramienta sino su calidad de uso”, anota.
Experiencia
El letrado considera necesario estar atentos a tres riesgos recurrentes de la legislación penal por decreto: la creación de tipos y agravantes sin evidencia empírica de eficacia; las deficiencias técnicas que después deben corregirse por vía jurisprudencial; y plazos de entrada en vigor tan breves que dificultan la adaptación de ciudadanos y empresas.
En sus redes sociales, el experto rememora que la respuesta legislativa a la extorsión durante la última década ilustra el patrón que se traduce en incrementos sucesivos de pena con resultados decrecientes.
Frente a este panorama, Caro Coria propone un método coherente con el enfoque de “metas medibles”, en el que “cada norma penal delegada incluya una exposición de motivos con evidencia criminológica verificable, una vacatio legis razonable y un control parlamentario posterior efectivo”.
El CEO de Caro & Asociados comenta también que el anuncio de desarticular a las organizaciones criminales “desde sus cabecillas y sus estructuras económicas” es, técnicamente, el enfoque adecuado. “La extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico son economías criminales; se desmontan con investigación financiera, lavado de activos, extinción de dominio y cooperación internacional, no solo con capturas”, asevera.
Para tal fin, el letrado plantea tres condiciones esenciales. La primera es la previsibilidad en la extinción de dominio (Decreto Legislativo N.° 1373). “Es una herramienta poderosa cuya expansión requiere criterios estables sobre la protección del tercero adquirente de buena fe y la proporcionalidad de las medidas cautelares. La seguridad jurídica no es un freno a la herramienta, es lo que la hace sostenible ante el Tribunal Constitucional y el sistema interamericano”, anota.
En el segundo punto, el especialista se refiere a la reciprocidad con los sujetos obligados. “Más presión sobre las estructuras económicas del crimen significa más carga para bancos, notarios, inmobiliarias, comercializadoras de minerales y demás sujetos del sistema antilavado”, indica.
“El sistema rinde cuando la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] acompaña esa carga con tipologías actualizadas, retroalimentación sobre los reportes y claridad sobre el alcance del deber de comunicación. La transferencia de responsabilidad al sector privado sin herramientas produce cumplimiento formal, no prevención real”, alerta.
Como tercera condición, el abogado penalista señala la integración con la responsabilidad de las personas jurídicas (Ley N.° 30424). “Si la persecución patrimonial alcanza a empresas formales instrumentalizadas o negligentes –escenario probable en cadenas de suministro expuestas a minería ilegal–, los modelos de prevención pasarán de ser una buena práctica reputacional a la primera línea de defensa procesal. Para el sector empresarial, este anuncio funciona como una notificación anticipada: el momento de auditar y robustecer el compliance es ahora, no cuando llegue la investigación”, afirma.
“Uno de los anuncios más novedosos del mensaje es tecnológico: videovigilancia interconectada a escala nacional, plataformas de inteligencia artificial ‘para anticipar y mapear el delito’, una Autoridad Nacional Digital y una identidad digital para cada ciudadano”, opina el letrado.
Modernización
Caro Coria expresa que la modernización tecnológica del Estado frente al crimen es legítima y necesaria. Así, plantea que cada componente del paquete tecnológico nazca con su marco de garantías incorporado desde el diseño: ley habilitante específica, evaluación de impacto en protección de datos personales, intervención humana en toda decisión que afecte derechos, auditoría algorítmica independiente y control judicial de las medidas restrictivas.
“No es un lujo garantista, es el estándar de interoperabilidad regulatoria con los mercados a los que el propio discurso aspira a integrarse (APEC, relación con la Unión Europea) y la diferencia entre una política tecnológica sostenible y una que se judicializa a los pocos meses”, puntualiza.
Compromiso
Carlos Coria resalta que el mensaje ratifica el compromiso con la independencia de poderes y anuncia diálogo con las entidades del sistema de justicia y mecanismos meritocráticos para fortalecerlo. “Es una formulación institucionalmente correcta”, remarca.
Señala que queda pendiente de definición la articulación de ese diálogo con los actores: el Ministerio Público, protagonista indispensable de toda la agenda de persecución patrimonial, y la Junta Nacional de Justicia, órgano constitucional a cargo del nombramiento, la ratificación y el control disciplinario de jueces y fiscales, sin cuyo pleno funcionamiento los mecanismos meritocráticos carecerían de operador institucional.