• VIERNES 31
  • de julio de 2026

Opinión

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Emprendedoras e igualdad de derechos

"La legislación peruana ha dejado de ser meramente asistencialista en relación con la mujer".


Editor
Ingrid Yuly Galindo Contreras

Doctora en Derecho. Docente universitaria e investigadora calificada


En el mes de la patria, realizaremos un análisis jurídico de las normas vigentes del Perú a favor de las mujeres peruanas que fueron aprobadas como consecuencia de su ardua lucha por sus derechos en pro de la igualdad de género.

Desde la perspectiva constitucional tenemos el artículo 2.°, inciso 2, que consagra la igualdad ante la ley proscribiendo la totalidad de las manifestaciones de discriminación principalmente basadas en el sexo o en el género en mérito a nuestra naturaleza humana; el artículo 4.°, que delimita un amparo especial a favor de las madres en condición de abandono por parte de la sociedad y el Estado; el artículo 23.°, que también otorga una protección especial para las madres trabajadoras bajo cualquier régimen laboral.

A su vez, la Ley N.° 32535 –nuevo marco normativo general que garantiza derechos en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación– reconoce y protege los derechos de las mujeres dentro de su entorno sustituyendo taxativamente el enfoque de género por el paradigma de la igualdad irrestricta entre mujeres y varones dentro de las políticas públicas aplicables en ámbitos laborales, políticos y sociales.

Así, pues, nace la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora (ENME), aprobada por el Decreto Supremo N. ° 012-2022-MIMP como una política pública promovida por el Estado a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) para incentivar la intervención permanente y el emprendimiento de actividades económicas dirigidas por mujeres, con el propósito de asegurar su emancipación económica. Así se consolida un sistema de soporte estatal sistematizado para sortear las vallas burocráticas administrativas, de financiamiento y formativas que suelen afrontar las emprendedoras.

De esta manera, esta política de fomento se orienta a cuatro principios: capacitación y asesoría gratuita por intermedio de talleres virtuales; inclusión financiera y digital para facilitar el acceso a préstamos y el aprendizaje de la educación financiera; acceso a nuevos mercados mediante un Catálogo Digital Mujer Emprendedora (el cual se configura como una suerte de escaparate virtual sin costo con el propósito de facilitar la promoción de la marca y los productos ofertados por las empresarias), el Padrón Nominal y Red de Contactos (el cual sirve para convocar y listar a las emprendedoras en un registro oficial del Mimp con la finalidad de ayudarlas a encontrar las debilidades y enfatizar las fortalezas de su plan de negocios de manera particularizada) y la Ley N. ° 31168 para mujeres rurales e indígenas; y las normas técnicas de calidad e igualdad del Ministerio de la Producción (Produce) y del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), orientadas a buscar financiamiento, educación e instrumentos digitales con el propósito de coadyuvar y velar por la sostenibilidad de las empresas dirigidas por mujeres.

Por último, tenemos la Ley N. ° 30709, la cual prohíbe la desigualdad salarial entre varones y mujeres por intermedio de la elaboración obligatoria de cuadros de categorías y funciones acompañados de parámetros de evaluación imparciales, así como la Ley N. ° 26772, la cual elimina presupuestos discriminatorios propensos a limitar la igualdad de oportunidades en las ofertas laborales o de emprendimiento.

Es destacable la labor de la mujer a lo largo de la historia del Perú, a través de su arduo trabajo a favor de la patria, de sus familias y de ella misma en su condición de ciudadana, empresaria y principalmente la de ser humana.

Asimismo, la legislación peruana ha dejado de ser meramente asistencialista en relación con la mujer para configurarse en un marco legal contemporáneo acorde con las necesidades de las emprendedoras enfatizando más bien sus talentos y capacidades.

Propongo finalmente la incorporación del paradigma de la complejidad a nuestra legislación propuesto por Edgar Morin con la finalidad de poder conciliar las capacidades y talentos de las mujeres con las de los varones, los cuales, aunque suelen ser diferentes pueden armonizarse para estructurar una sociedad más igualitaria y con mayores oportunidades de emprendimiento.