Editorial
"Aumentar la inversión no minera, terminar con la desigualdad tributaria y combatir frontalmente la inseguridad ciudadana son los otros grandes desafíos que el FMI nos insta a enfrentar".
El precio del cobre ha aumentado por la transición energética mundial hacia fuentes renovables. La creciente demanda de vehículos eléctricos, paneles solares, aerogeneradores y la expansión de las redes eléctricas requiere grandes volúmenes de este metal, considerado clave para el desarrollo de la energía limpia.
Por otra parte, el oro se consolida como el mineral de refugio ante la gran incertidumbre internacional, generada por conflictos bélicos que afectan el comercio mundial y generan inflación debido a la escasez de petróleo.
Las cifras respaldan este escenario. En 2025, la minería aportó el 10% del PBI nacional con 61,849 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 28% respecto al año anterior. La tendencia continúa en el presente año: entre enero y mayo, las exportaciones mineras alcanzaron los 35,611 millones de dólares, 60% más frente al mismo periodo de 2025.
La contribución del sector minero a las arcas del Estado es notable, pues dichos ingresos permiten financiar servicios y obras públicas. Solo en el primer trimestre de 2026, el sector aportó 14,612 millones de soles. Este monto representa el 16% del total recaudado por la Sunat.
El Perú ya vivió un auge de las materias primas entre 2002 y 2014, cuando los precios del oro y el cobre se quintuplicaron y la economía creció en promedio 6% anual. Hoy, el FMI sostiene que el reto es aprovechar el nuevo ciclo para reducir la dependencia de los mercados externos y construir una economía más inclusiva y diversificada.
Uno de los mayores problemas estructurales es el deficiente desempeño del gasto público –sobre todo en los gobiernos regionales y municipales– respecto a los ingresos provenientes del canon minero, regalías y derechos de vigencia. El año pasado, las autoridades subnacionales no lograron superar el 65% de ejecución de dichos fondos.
Otro escollo estructural señalado por el FMI es la pobreza, que afecta a más del 25% de la población; una realidad estrechamente ligada a que el 70% de nuestra fuerza laboral es informal. Para combatir esta situación, uno de los retos inmediatos es desbloquear la cartera de proyectos mineros, valorizada en 63,000 millones de dólares, la cual se encuentra paralizada por conflictos sociales o por la complejidad burocrática.
Finalmente, aumentar la inversión no minera, terminar con la desigualdad tributaria y combatir frontalmente la inseguridad ciudadana son los otros grandes desafíos que el FMI nos insta a enfrentar. Solo así nuestra economía logrará superar sus históricos problemas estructurales y traducir la riqueza minera en verdadero desarrollo nacional.